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El equipo Interventor de la Nueva EPS confirmó que un juez en el departamento del Caquetá adelanta procesos de embargo contra la entidad de salud más grande del país, con más de 11 millones usuarios.
La Nueva EPS señaló ha sido objeto de un nuevo embargo judicial, ampliando dicho límite a una cifra de $422.466.580 millones de pesos, luego de la reanudación del proceso ejecutivo dispuesto por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, Caquetá, del pasado 10 de octubre.
“El mencionado despacho judicial concentra el 45,9% de las demandas ejecutivas en contra de Nueva EPS y se ha convertido en el juzgado que más medidas cautelares ha decretado a nivel nacional en contra la Entidad”, señaló la entidad.
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Apuntó que entre las IPS con mayor número de procesos de embargo figuran la Clínica Médicos del Cesar, Avidanti S.A.S., Oncólogos del Occidente S.A.S., Clínica Uros S.A.S. y Fundación Cardio Infantil.
La Agente Interventora de Nueva EPS, Gloria Polanía, expresó su preocupación ante la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
“El embargo de recursos destinados a la atención de salud afecta el servicio de salud que se le brinda a los más de 11 millones de afiliados en todo el territorio nacional”, indicó.
Polanía subrayó que los recursos hacen parte de los dineros que se requieren para la atención de los colombianos.
“Los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), fundamentales para garantizar la prestación de servicios de salud, tienen una naturaleza parafiscal y son inembargables, como lo establece el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001. Esta medida judicial no solo vulnera el orden jurídico, sino que compromete gravemente el patrimonio público y, lo más importante, afecta la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos”, indicó la agente interventora de la Nueva EPS, Gloria Polanía.
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Subrayó que este embargo, ha sido decretado en un contexto de uso reiterado de mecanismos judiciales, que busca acelerar la resolución de decisiones administrativas en curso, sin que se respeten los mecanismos de conciliación que permiten mantener el equilibrio en el flujo de pagos entre las partes involucradas.
“La Procuraduría General de la Nación, mediante la Circular 014 de 2018, ya había alertado a los jueces del país sobre la prohibición de decretar embargos sobre los recursos de la UPC, recordando que tales decisiones judiciales contravienen el principio de protección de los derechos sociales y ponen en peligro la estabilidad del sistema de salud”, sostuvo.
Dijo que es importante tener en cuenta que estos son recursos del sistema de salud y que de acuerdo a la ley son inembargables.
“La Nueva EPS hace un llamado a los actores involucrados en estos procesos judiciales a tomar en cuenta las implicaciones legales y sociales de sus acciones, con el fin de garantizar la transparencia y sostenibilidad del sistema de salud, y preservar los principios constitucionales que rigen la atención a los afiliados en todo el país”, puntualizó.
