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El magistrado de control de garantías del Tribunal de Barranquilla de Justicia y Paz, Carlos Andrés Pérez, le negó la libertad extraordinaria al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, al considerar que fue inconstitucional la designación como gestor de paz porque sería como concederle un indulto por crímenes de guerra y de les humanidad
En el despacho del Tribunal de Barranquilla pesan 33 medidas de aseguramiento contra Mancuso Gómez, por su presunta responsabilidad en un total de 34.704 crímenes y otros graves delitos cometidos como exjefe paramilitar.
Adicionalmente, contra Mancuso pesan otras 14 medidas de aseguramiento emitidas por otro magistrado de Bogotá.
Según el magistrado de control de Garantías, existen serios vicios en la resolución presidencial con la cual se designó como gestor de paz a Mancuso y por inconstitucional, porque en la práctica genera la figura de un indulto y esta sólo aplica para autores de delitos políticos, o de lo contrario sería otorgarle este beneficio por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Asimismo, sostuvo que otorgarle libertad extraordinaria a Salvatore Mancuso, como lo pidió el Gobierno, conllevaría a una ‘excarcelación incontrolada, que afecta los derechos de las víctimas. Y de hacerlo bajo un panorama tan abstracto, sin limitación de tiempo o zona geográfica, sería asemejar su papel como gestor de paz al que cumple el alto comisionado de paz.
Por su parte, la procuradora delegada Diana Niño expresó una férrea oposición a que le fueran suspendidas las medidas de aseguramiento y órdenes de captura que pesan contra Mancuso, al señalar que no existe claridad por parte del Gobierno Nacional frente al alcance del papel que tendría el exjefe paramilitar como 'gestor de paz'.
La delegada del Ministerio Publico manifestó que esta petición de "libertad extraordinaria" para Mancuso Gómez no se podía sustentar sólo en un discurso retórico y político de buscar alcanzar la 'paz total', sino que debía fundamentarse en una solicitud coherente y explicita por parte del Gobierno.
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De acuerdo con la procuradora delegada, esta orden de libertad va en contravía de los fines de Justicia y Paz, encaminados a que las miles de víctimas atribuibles a Salvatore Mancuso obtengan verdad, justicia y una reparación integral.
Según la procuradora delegada Diana Niño, Mancuso Gómez ni siquiera funge como representante de las extintas autodefensas, porque el proceso de desmovilización de Santa Fe de Ralito -donde se adelantaron los diálogos de paz-, se produjo hace más de diez años.
Precisó que, admitir ese tipo de fundamentos, se constituiría en un nefasto mensaje a la delincuencia, en el sentido de que sin importar el tiempo y pese a faltar a sus compromisos siempre esta abierta la puerta para este tipo de procesos.
A su turno, la fiscal delegada Magaly Álvarez también cuestionó que no existió una solicitud clara, por parte del Gobierno y la oficina del Alto comisionado de Paz, en relación con el alcance de la designación de Mancuso como gestor de paz.
De acuerdo con la fiscal delegada, con este decreto en el que se le designó como 'gestor de paz' a Mancuso, el Gobierno pudo haber desbordado los fines del mismo al solicitar la suspensión de las medidas de aseguramiento.
Por su parte, Salvatore Mancuso defendió el nombramiento que le realizó el Gobierno Nacional como 'gestor de paz', al asegurar que su objetivo es servir de facilitador con los diferentes grupos armados como la banda criminal de Clan del Golfo, para cerrar el capítulo de (Santa Fe de Ralito (donde se adelantaron los diálogos de paz) que, después de 18 años con el rearme de otras organizaciones, no ha concluido.
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Mancuso reveló que pidió que como componente para ejercer la gestoría de paz, haga parte la Oficina de Verificación de las Naciones Unidas; la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (Mapp OEA); la Corte Interamericana de Derechos Humanos y países amigos como Suecia que confirmó su participación e Italia a quien le elevó esta petición, y cumplan un papel de garantes y verificadores de esa labor.
