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En un reciente trino, Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, cuestionó la petición de arresto, hecha por la fiscal Lucy Laborde, pero, además, los métodos usados por la funcionaria para conocer sobre su paradero y actividades.
En este sentido, expresó su preocupación por la integridad de su núcleo familiar y la responsabilizó de lo que le pueda suceder a él o a su familia.
“He asistido a todas las audiencias que se han realizados, presenciales y virtuales. públicamente la Fiscal reveló sitios que frecuento con mi familia ¿Hay un seguimiento ilegal? Si algo me llega a pasar a mí a Laura y a mí bebé, responsabilizo directamente a la fiscal Laborde”, escribió en su cuenta de X.
Cuestionamientos por seguimiento y exposición familiar
Petro comparó su situación con la de otros procesados, como el expresidente Álvaro Uribe, señalando que en esos casos el ente acusador no ha solicitado medidas restrictivas por el uso de la virtualidad.
“Nunca vi a la Fiscalía pedir arresto contra Uribe o cualquier otro procesado por hacer audiencias virtuales. Todas las audiencias se han realizado sean presenciales o virtuales. Qué nivel de persecución, y en plena audiencia la Fiscal Laborde publica fotos de mi bebé”.
Solicitud de arresto y respuesta del juez
Durante la diligencia de este 27 de abril, la fiscal Laborde Betancourt hizo la solicitud de arresto, controvirtió los argumentos del procesado y su defensa, quienes aseguraron que no contaba con recursos económicos para trasladarse desde Bogotá. Según expusieron, su inclusión en la denominada “Lista Clinton” y el embargo de sus cuentas le impedían asumir los costos de los viajes.
No obstante, la delegada indicó que existen registros que evidencian múltiples desplazamientos recientes en la región Caribe, lo que, a su juicio, contradice la supuesta imposibilidad económica alegada por Petro Burgos.
De acuerdo con la Fiscalía, el procesado habría viajado en al menos seis ocasiones a Cartagena, incluyendo visitas a la base naval y a centros vacacionales de las Fuerzas Militares. También se mencionaron desplazamientos a un centro recreacional en Santa Marta.
Para la fiscal Laborde, estos movimientos ponen en entredicho la justificación presentada ante el juzgado, lo que motivó la solicitud de sanciones tanto para el procesado como para su equipo de defensa.
En ese sentido, el ente acusador pidió la apertura de un incidente de medidas correccionales con base en el artículo 143 del Código General del Proceso, que contempla arresto inconmutable de hasta cinco días para quienes desobedezcan órdenes judiciales o actúen con temeridad o mala fe.
A su turno, el juez Hugo Carbonó aclaró que la petición de la Fiscalía debe presentarse de manera formal y por escrito, y no en el marco de la audiencia en curso, para poder darle trámite conforme a la ley.
