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A la cárcel de Picaleña fue enviado el mayor de la Policía Metropolitana de Ibagué, Jorge Mario Molano Bedoya, señalado como el presunto responsable del homicidio del joven Santiago Murillo, caso que se registró el pasado primero de mayo al finalizar una jornada de protesta en el sector de la Calle 60 con Carrera Quinta de la capital tolimense.
La Juez Quinta penal municipal con función de control de garantías de Ibagué accedió a la petición de la Fiscalía General de la Nación de enviar a prisión al oficial imputado del delito de homicidio agravado. Esta diligencia inició el pasado 9 de junio y finalizó en la madrugada de este viernes 18 de junio.
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Durante la audiencia el ente acusador presentó elementos materiales de prueba como informes y testimonios que apuntan a que el mayor Molano fue quien le disparó a Santiago con su arma de dotación, cuando este no participaba de la protesta ni los desórdenes que se presentaron posteriormente.
“El señor Molano Bedoya cuando se ubicó por la paralela (de la Calle 60) y cuando estableció que ya no había incluso peligro, dispuso disparar, impactando con ello a un sujeto que venía desprevenido con las manos en los bolsillos, que no contaba con un elemento contundente y tampoco había sido una persona que participara en la manifestación”, indicó la juez recopilando los argumentos expuestos por la fiscal del caso.
Uno de los elementos materiales de prueba de mayor peso para tomar la decisión fue un informe de balística que evidencia que el proyectil de arma de fuego por el que perdió la vida el joven de 19 años correspondería al arma de dotación del uniformado.
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Además de enviar a prisión al oficial, el despacho solicitó que se investiguen las denuncias sobre presuntos hechos de corrupción por manipulación de testigos y tráfico de influencias en las investigaciones que aún se adelantan ante la Justicia Penal Militar y Policial, supuestamente para incriminar a otros uniformados y restar responsabilidad al detenido.
Pese a que la defensa del mayor Molano solicitó que su reclusión fuera en el comando de la Policía, en Ibagué, se determinó que permanecerá en un centro carcelario al constatarse tres presupuestos elevados por la Fiscalía: que representaría un peligro para la comunidad, peligro de incomparecencia y peligro de obstrucción a la justicia.
