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La jueza 29 de control de garantías de Bogotá se abstuvo de resolver el conflicto de competencias planteado por los abogados de los patrulleros de la Policía Metropolitana Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, procesados por la muerte del ingeniero y estudiante de Derecho, Javier Ordóñez en hechos registrados en la madrugada del 9 de septiembre.
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La funcionaria judicial aseguró que no es la competente para dirimirla competencia jurisdiccional, hecho por el cual trasladó la solicitud a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que tome una decisión de fondo.
Los dos abogados sostiene que debido a que los hechos por los que son investigados los uniformados ocurrió estando en servicio el caso debe pasar a la Justicia Penal Militar.
Tras esto, la jueza fijó la continuación de la audiencia para el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. En dicha diligencia, la Fiscalía General presentará sus argumentos para pedir la medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de los dos patrulleros.
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Debido a una petición del fiscal del caso, la cual fue avalada por todas las partes, la audiencia se realizará de manera reservada con restricción a la prensa y al público en general.
El delegado del ente investigador sostuvo en la mañana de este sábado que tanto en la imputación de cargos como en la solicitud de medida de aseguramiento se presentarán otras pruebas que vinculan a otros investigados.
La revelación y publicación de estas pruebas podría afectar el desarrollo de la investigación por el abuso policial que acabó con la vida de Javier Ordóñez.
Este sábado, la Fiscalía General les imputó los delitos de homicidio agravado y tortura a los dos patrulleros. Tras la pregunta de la jueza de control de garantías los dos patrulleros se declararon inocentes de los hechos materia de investigación.
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Se ha podido establecer que el delegado del ente investigador indicó que los dos patrulleros golpearon y atacaron en repetidas oportunidades a Ordóñez con sus bolillos y pistolas eléctricas en un claro abuso de la fuerza.
El ingeniero se encontraba tomando bebidas alcohólicas en la calle cuando fue requerido por los patrulleros que lo golpearon pese a sus llamados de auxilio. Después, pese a que eran grabados por la comunidad, lo llevaron por la fuerza a un patrulla para trasladarlo al CAI de Villa Luz.
Pocas horas después, el hombre de 42 años tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico de Engativá donde fue declarado muerto.
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