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En una reciente entrevista concedida a La FM de RCN, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, explicó en detalle los pilares fundamentales de la reforma a la justicia presentada por el Gobierno.
Esta propuesta busca transformar el sistema judicial colombiano, poniendo énfasis en la eficiencia y en la restauración de los derechos de las víctimas.
Según Buitrago, uno de los grandes objetivos de esta reforma es "retomar el camino original de la Ley 906 de 2004, que se basa en un sistema que permite desfoges naturales para la eficiencia, naturalidad y justicia de los procesos”. Asimismo, se pretende garantizar una administración de justicia “pronta y eficaz”, con mecanismos que permitan reducir de manera real los tiempos de los procesos mediante investigaciones ágiles.
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Otro de los puntos clave de la reforma es la modificación del principio de oportunidad, el cual impone obligaciones más estrictas a quienes buscan beneficiarse de él. “El derecho penal ha sido utilizado en ocasiones para casos que, entendiendo la complejidad de la justicia, podrían terminarse a través de otros mecanismos”, señaló.
¿Cómo sancionará la reforma a la justicia a los funcionarios públicos?
En cuanto a los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, Buitrago fue clara: “Esos delitos son mucho más graves porque el funcionario tiene una función de garante en favor de la sociedad. Hay normas que obligan a devolver el dinero en estos casos, y si no se cumple, no pueden gozar de los beneficios que ofrece la Ley 906”.
Otro punto que destacó fue la rebaja de penas, la cual estará condicionada a la aceptación del delito y a la colaboración eficaz con la justicia. Sin embargo, aclaró que ciertos beneficios, como permisos carcelarios o la libertad condicional, no se aplicarán en casos de crímenes contra menores.
Buitrago también hizo hincapié en que la reforma no busca exclusivamente castigar, sino promover la resocialización de los reclusos: “Apuntamos a que no solo se piense en la sanción, sino en la restauración. Queremos que la persona condenada preste un beneficio a la sociedad”.
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La propuesta de reforma sigue generando debate, pero la ministra de Justicia reafirmó que su objetivo principal es lograr una justicia más ágil y que brinde verdaderas oportunidades de reparación y restauración tanto para las víctimas como para los condenados.
