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Tras dos fallidas solicitudes de aplazamiento, la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, tuvo que acudir a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal abrió una investigación formal en su contra por su presunto rol en el entramado de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
Cristina Lombana, la magistrada investigadora, citó a la congresista oficialista a una indagatoria, el mecanismo que el código de procedimiento para aforados ofrece para que los instructores intenten obtener una confesión sobre los presuntos delitos que se estuvieron indagando. Todo comenzó con los testimonios de Olmedo López.
De acuerdo con el exdirector de la UNGRD, a quien el Tribunal de Bogotá le tumbó el preacuerdo con la Fiscalía, Peralta le pidió direccionar un contrato de más de 2,21 mil millones de pesos para Isaac Rizcala Lozano y Jorge Rizcala Muvdi, los representantes de IRL SAS, una empresa que buscaba un proyecto de maquinaria amarilla.
La Fiscalía, en abril de 2025, compulsó copias para que la Corte investigara a Peralta. El ente acusador no podía proceder, por cuenta de su fuero de senadora. Según López, el confeso corrupto que ahora debe allanarse a cargos por no haber logrado un acuerdo con la justicia, el contrato era para el mantenimiento de pozos en La Guajira.
Tras una sesión ordinaria el 14 de mayo, la Sala de Instrucción abrió una investigación formal señalando a Peralta como sospechosa de los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. Una vez concretados los trámites secretariales, la Corte fijó la fecha en la que la parlamentaria debía acudir a la indagatoria, 18 de junio.
Peralta y su defensa intentaron reprogramar la diligencia. La magistrada Lombana no accedió a las solicitudes y, por el contrario, ordenó que la Policía condujera a la parlamentaria guajira reelecta. A lo largo de la tarde de este jueves, 18 de junio, la congresista tendrá que responder varias preguntas sobre el expediente.
Los contratos en La Guajira y las pruebas que analiza la justicia
“Confíen en mí”, expresó Peralta al llegar a la calle 72 de Bogotá, la sede de la Sala de Instrucción. “Mi actuar siempre ha sido transparente, honesto, y eso es lo que voy a demostrar”, añadió. La senadora acudió a la diligencia junto a su abogado. “Este no es un juicio, es apenas la apertura de un proceso”, zanjó.
Olmedo López aseguró que Peralta se reunió con él tres veces para pedirle contratos, con el argumento de que “eso la iba a ayudar mucho en su campaña en el territorio”. En las elecciones de Congreso de 2026, la senadora obtuvo más de sesenta mil votos y su partido, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), 88,2 mil.
La planilla de ingresos a la Unidad de Gestión del Riesgo, que la Fiscalía le envió a la Corte Suprema, muestra que el 19 de septiembre de 2023 fue a la sede de la entidad con los Rizcala. Inversiones IRL, basada en Barranquilla y fundada en 2017, obtuvo un contrato para alquilar maquinaria de construcción un mes después de la reunión.
El convenio estaba destinado al mantenimiento de jagüeyes, pozos profundos de agua, un servicio esencial que presenta vastas falencias en La Guajira. La Corte citó al exministro del Interior Luis Fernando Velasco a declarar bajo juramento. Hoy el caucano está privado de la libertad, también por el escándalo de la UNGRD.
“Todo esto ha sido una persecución política”, sostuvo Peralta antes de reunirse con la magistrada Lombana. “Aquí voy a estar siempre, dando la cara y con la frente en alto”, agregó. Su versión es que estuvo al frente de varias reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro, como la pensional, sin necesidad de negociar con el Ejecutivo.
Hace seis meses, en la imputación a Velasco y su antiguo colega de Hacienda en el gobierno de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla, la fiscal María Cristina Patiño mencionó a Peralta varias veces, argumentando que el excongresista liberal la contactó para impulsar reformas del Ejecutivo. Peralta cuestionó en su momento las afirmaciones.
El caso de la UNGRD crece entre líneas de investigación y nombres de políticos clave
“Faltando tres meses para las elecciones, ahora la Fiscalía me señala sin tener la competencia para investigarme, con afirmaciones falsas, actuando en contra de mi buen nombre y proceder político, que ha sido transparente y por el beneficio de los colombianos”, indicó en un video que difundió en sus redes sociales.
Aseguró que la justicia no le había dado la oportunidad de defenderse. Ahora podrá hacerlo, en una diligencia ante la magistrada Cristina Lombana a la que asistió junto a su defensa. Peralta, abogada de profesión, obtuvo poco más de la mitad de sus respaldos electorales en La Guajira, con 33 mil de los 42 mil votos del Mais en el departamento.
Entre 2023 y 2024, Martha Peralta fue presidenta de la Comisión Séptima, la que debatió y aprobó la reforma pensional del Gobierno Petro, que la Corte Constitucional mantiene en vilo por vicios de trámite. El jefe de Estado aseguró que el entonces presidente del Senado, Iván Name —expulsado de la Alianza Verde— dilató el avance de la iniciativa.
Hoy Name está preso y en juicio. En marzo, la Corte Suprema rechazó una nulidad que interpuso el expresidente de la Cámara Andrés Calle —del Partido Liberal, también detenido— y ratificó el llamado a juicio contra la mesa directiva del Legislativo que habría recibido cuatro mil millones de pesos como soborno del Gobierno, según el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla.
Una semana antes de la investigación formal, Martha Peralta tuvo que acudir al despacho del magistrado Marco Antonio Rueda, de la Sala de Instrucción, a rendir versión libre dentro de una de las líneas de investigación del complejo entramado: contratos que se habrían desviado del Instituto Nacional de Vías, Invías.
El mismo 6 de mayo, Rueda escuchó a la senadora Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente (ASI). Además de Olmedo López, las más de cincuenta horas de grabación que la justicia tiene de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda Bonilla, son clave y han comprometido a dos veintenas de personas.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Corte Suprema investiga formalmente a Martha Peralta?
Porque los testimonios y las pruebas recopiladas dentro del escándalo de corrupción de la UNGRD apuntan a que habría intervenido para favorecer un contrato de más de 2.200 millones de pesos en La Guajira. La Sala de Instrucción la investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.
¿Qué papel le atribuye Olmedo López a la senadora del Pacto Histórico?
El exdirector de la UNGRD aseguró que Peralta le solicitó direccionar un contrato para representantes de la empresa IRL SAS y que se reunió con él en tres ocasiones para pedir proyectos que, según su versión, le ayudarían políticamente en el territorio. La congresista rechaza esas acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política.
¿Qué pruebas analiza la Corte Suprema en este expediente?
La investigación incluye registros de ingreso a la sede de la UNGRD que muestran una reunión entre Peralta y los empresarios vinculados al contrato, además de declaraciones de Olmedo López, testimonios de otros exfuncionarios y documentación relacionada con los convenios para mantenimiento de pozos y jagüeyes en La Guajira.
¿Cómo se conecta este caso con las demás investigaciones de la UNGRD?
La causa contra Martha Peralta forma parte de una red más amplia de pesquisas que ya compromete a exministros, congresistas y altos funcionarios. En paralelo avanzan procesos contra figuras como Iván Name, Andrés Calle, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, mientras la Corte y la Fiscalía siguen revisando contratos, grabaciones y testimonios sobre el presunto desvío de recursos públicos.
