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El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó en su último reporte que 15 menores de edad murieron entre agosto y noviembre en bombardeos ejecutados por las Fuerzas Militares en Guaviare, Amazonas y Arauca.
Entre ellos estaba Maicol Andrés Pérez Ávila, un adolescente de 16 años nacido en el municipio de El Retorno, Guaviare, quien perdió la vida durante la operación militar contra las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’.
Maicol Andrés era el único menor oriundo del Guaviare entre las víctimas identificadas en este bombardeo, en el que murieron 20 integrantes de las disidencias.
Medicina Legal reportó que siete de los fallecidos eran adolescentes y la Defensoría del Pueblo advirtió la necesidad de reforzar la protección a niños, niñas y jóvenes para evitar que sigan siendo utilizados en el conflicto armado.
La muerte del joven ha generado preocupación en el departamento. Autoridades locales señalan que el reclutamiento ilegal continúa afectando a las comunidades rurales, donde las oportunidades son limitadas y las familias viven bajo la presión constante de los grupos armados.
La diputada del Guaviare, Ofelia Quintero, lamentó que adolescentes del departamento estén siendo enganchados por estas estructuras. Según explicó, muchos jóvenes son persuadidos con falsas promesas que terminan poniendo en riesgo sus vidas y alejándolos de sus familias.
En municipios como Miraflores, varias familias han denunciado que algunos menores habrían salido recientemente de sus casas para unirse a las disidencias que operan en la zona, motivados por ofertas que les presentan como oportunidades, pero que los exponen directamente a la confrontación armada.
Las autoridades del departamento insisten en que muchos de esos adolescentes ni siquiera son reclutados en Guaviare: llegan desde otros departamentos, trasladados con engaños hacia los Llanos para integrarlos a los grupos armados.
Ante esta situación, desde el Guaviare hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para fortalecer la inversión social, ampliar los programas de protección y acompañar a las comunidades rurales. El objetivo, afirman, es ofrecer alternativas reales a los niños y jóvenes y evitar que sigan quedando atrapados en una guerra que sigue cobrándoles la vida.
