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La Fiscalía General de la Nación anunció este miércoles que radicó solicitud de audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá para imputación de cargos y medida de aseguramiento contra los exministros del Interior Luis Fernando Velasco y de Hacienda Ricardo Bonilla, por el escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo.
La decisión fue adoptada, por parte del Grupo de Tareas Especiales que lidera la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien coordina las investigaciones que se siguen por este macro – proceso.
Esta solicitud para audiencias de imputación y de medida de aseguramiento fue radicada de manera formal ante los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, teniendo en cuenta el fuero especial como exministros, que cobija a los dos altos exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con los investigadores de la Fiscalía General de la Nación hay suficientes elementos de prueba para sustentar estas imputaciones como presuntos responsables de tres delitos.
Los cargos por los cuales serán imputados los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González; y del Interior, Luis Fernando Velasco Cháves, son los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
La Fiscalía hizo énfasis que en atención a los hallazgos obtenidos en el marco de estas investigaciones la medida de aseguramiento a solicitar será privativa de la libertad en centro carcelario.
María Alejandra Benavides, la 'testigo estrella'
Está imputación es producto de haberse concretado la negociación del principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y de otra serie de pruebas que fueron recolectadas en el marco de esta investigación.
Según las investigaciones lideradas por parte de la fiscal delegada María Cristina Patiño, María Alejandra Benavides sirvió de enlace entre la cartera del Ministerio de Hacienda y la Unidad de Gestión del Riesgo en el supuesto direccionamiento de tres contratos por 92.000 millones de pesos que pretendían beneficiar a seis congresistas para que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno Nacional.
En los expedientes judiciales relacionados con las acusaciones contra otros de los implicados la Fiscalía aseguró: “Coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar, entre los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes del Congreso de la República, Wadid Alberto Mansur Inbeb, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Pitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya”.
En declaración bajo juramento ante la Fiscalía, Benavides hizo mención a un supuesto acuerdo entre Bonilla, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo para buscar destrabar la aprobación de créditos internacionales para la nación y así comprar a senadores y representantes a la Cámara.
En esa oportunidad Benavides se mostró conmocionada por haber resultado salpicada en el escándalo de corrupción de la UNGRD y aseguró que se sintió usada por el ministro Bonilla y que fue presionada en reiteradas ocasiones para autorizar un millonario desembolso a la UNGRD.
“Él me usó y usó el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar”, sostuvo Benavides ante una fiscal.
Millonarios recursos que en teoría iban a invertirse en obras para la contención y prevención de inundaciones y la mitigación de la erosión por lluvias.
Según se señala el primero de estos contratos era para Cotorra, Córdoba, por 50.000 millones de pesos; el segundo para El Salado, Bolívar, por 12.356 millones de pesos y el tercero para Saravena, Arauca, por 30.000 millones de pesos.
