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Una dura investigación adelanta la Procuraduría General de la Nación en contra del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por sus actuaciones en el marco de la organización de la Feria de Cali en 2020.
El Ministerio Público decidió este lunes proferir pliego de cargos en contra de Jorge Iván Ospina Gómez por las presuntas irregularidades que se pudieron haber cometido en la organización de la Feria de Cali de 2020.
La medida, que también cobija al secretario de Cultura de Cali, José Darwin Lenis Mejía, se impartió por cuenta de las irregularidades en la suscripción de un contrato.
Al parecer, el convenio firmado entre la ciudad de Cali y Corfecali para la organización de la Feria se habría firmado por $11.955 millones sin contar con estudios previos integrales, serios y suficientes que justificaran ese valor.
De acuerdo a lo que ha detectado la Procuraduría, el monto del contrato fue fijado a partir de una indexación de costos de los tres años anteriores, sin tener en cuenta que en 2020 los eventos se realizarían de forma virtual por la pandemia de la covid-19.
La Procuraduría tiene entre sus consideraciones que la Alcaldía de Cali tenía la obligación de haber incluido en los estudios previos la forma cómo se calcularon los precios de los eventos a realizar.
“En este contrato eso no aconteció, pues como ha quedado evidenciado, tan sólo se hizo referencia a la información histórica bajo presupuestos que no eran aplicables para realizar una feria virtual”, indicó el Ministerio Público.
La Procuraduría en su investigación detectó que el alcalde Ospina pudo haber incurrido en una omisión de sus funciones de control, vigilancia y supervisión sobre el proceso de contratación, que finalmente firmó el secretario de Cultura, Lenis Mejía.
Para el órgano de control, no se habría advertido sobre los cambios contractuales que implicaba la organización de la Feria, no le requirió informe alguno sobre la metodología para fijar los costos y tampoco le pidió una explicación por la inclusión de aspectos que eran propios de eventos presenciales.
Por cuenta de dichas presuntas irregularidades, la Procuraduría calificó la presunta conducta del alcalde Jorge Ospina Gómez como una falta grave cometida a título de culpa gravísima, y la de Lenis Mejía como gravísima a título de culpa gravísima.
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