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Las inhumaciones en tierra por cualquier causa quedaron prohibidas durante seis meses, en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba en el departamento de Antioquia.
Se trata de una medida cautelar que decretó la Sala de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para proteger los cuerpos no identificados allí sepultados.
Durante ese periodo, que podría extenderse, las autoridades locales deben garantizar que en el camposanto solo se realicen exequias en bóvedas o en cementerios alternos.
Asimismo, la JEP ordena a la Gobernación de Antioquia, “cumplir con los deberes constitucionales y legales que le asisten con el municipio para afrontar de manera real y concreta la emergencia causada por la pandemia”, en particular, las necesidades que tienen para el manejo de los cuerpos de las personas que fallezcan.
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Pese a que no existe información que permita determinar que en las bóvedas del cementerio hay cuerpos sin identificar, sí hay elementos que indican que bajo tierra hay restos sin exhumar y podrían ser víctimas del conflicto armado.
Razón por la cual, el alto tribunal le ordenó a la Alcaldía de este municipio del Occidente antioqueño y a la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes que solo realicen exequias que cumplan con las condiciones pautadas.
Entre los argumentos de la Sección Ausencia de Reconocimiento de la JEP para tomar la decisión están los hallazgos del 2019 y este año, en el caso 03, el cual se refiere a muertes presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
Cabe recordar que durante dos jornadas de inspección y exhumación en el cementerio Las Mercedes se recuperaron 54 cuerpos relacionados con falsos positivos.
Uno de ellos, el de un joven, fue reportado como víctima del conflicto, y en otro caso los cadáveres de una familia vestían prendas militares.
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Asimismo, la JEP encontró que en Dabeiba no hay un plan de acción para el manejo de los fallecidos por la COVID-19, pues el cementerio no cuenta con capacidad para inhumar a aquellas personas que mueran a causa del virus.
Incluso, llama la atención de los magistrados que ante el riesgo que representa la pandemia, y que no hay hornos crematorios, la Administración municipal no haya informado sobre cuál ha sido su gestión ante organismos superiores para afrontar la deficiencias presupuestales, de infraestructura, de lugares de entierro y demás requeridos para el manejo de los restos.
Bajo este escenario, el alto tribunal acató la solicitud presentada por el colectivo Orlando Fals Borda, de poner bajo custodia y cuidado el cementerio, para proteger el proceso de búsqueda, identificación y entrega de cuerpos de desaparecidos a propósito del conflicto.
