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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió el sometimiento presentado por Jaime Blanco Maya, excontratista de la multinacional minera Drummond.
Blanco Maya fue sentenciado por un juez especializado de Bogotá en 2013 a 38 años de prisión por su responsabilidad en los hechos que rodearon el asesinato de dos sindicalistas de la empresa carbonífera en el Cesar.
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En dicho fallo se determinó que el asesinato de Víctor Orcasita y Valmore Locarno del Sindicato Nacional de los Trabajadores Mineros Petroquímicos, Agrocombustibles y Energéticos (Sintramienergética) había sido planeado y ejecutado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comandadas en esa región por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
Los testigos, entre los que se encontraba ‘Jorge 40’, señalaron que la orden de asesinar a los dos sindicalistas tuvo como origen el inicio de la huelga que promovieron para cambiar el contratista que les proveía el servicio de alimentos a todos los trabajadores. Esto debido a lo que consideraban un mal servicio.
El contratista al que se referían en su protesta era Jaime Blanco Maya, quien bastante molesto por la huelga, tomó “cartas en el asunto” y ordenó atentar contra la vida e integridad de los representantes sindicales.
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Blanco Maya, quien es mediohermano del excontralor Edgardo Maya Villazón, también enfrenta un juicio por su presunta responsabilidad en los hechos que rodearon el asesinato de Hugo Manuel Guerra Cabrera y Wilfrido Coronado en hechos registrados en mayo del 2000.
Guerra Cabrera también era contratista de la Drummond para temas de suministro de alimentos para los trabajadores de la multinacional en el departamento. Según el escrito de acusación, el empresario habría tomado la decisión de asesinarlo para no tener competencia.
En este proceso el principal testigo es el excomandante paramilitar John Jairo Esquivel, alias ‘El Tigre’ (capturado el pasado fin de semana por su participación en el secuestro de la sobrina del escritor Gabriel García Márquez), quien detalló la forma en cómo se planeó y ejecutó el crimen.
En su acta de sometimiento, Jaime Blanco Maya se comprometió a entregar información sobre los nexos de los paramilitares con la multinacional. En uno de sus acápites menciona que en la década de los noventa las cabezas de la Drummond en Estados Unidos le dieron vía libre al plan para financiar a esta estructura armada ilegal.
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En un proceso civil que se adelantó en los Estados Unidos contra la empresa minera, el mismo contratista aseguró que por medio de su empresa Industrial de Servicios y Alimentos (ISA) se movió entre 1993 y 2002 el dinero para financiar a los paramilitares quienes se comprometieron a brindar protección y seguridad.
Igualmente, en el documento manifestó su interés de contar la verdad sobre las amenazas que recibieron los sindicalistas de la multinacional, las amenazas que se les hicieron para que no realizaran reclamos.
El excontratista propuso un acto de perdón público a las víctimas de esta alianza delictiva y fijó la construcción de un monumento en el corregimiento La Loma para honrar la memoria de las personas que fueron asesinadas por las AUC.
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