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Henry Castellanos Garzón, antiguo comandante de las extintas Farc-EP, no compareció este miércoles ante la Sala de Reconocimiento de la JEP, luego que esta les ordenó a los 31 miembros del Estado Mayor Central rendir versión en el marco del caso 001, “Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP”, conocido como el de secuestro.
Según informó la Justicia Especial Para la Paz, la defensa de Castellanos Garzón, durante la diligencia de este miércoles 20 de marzo, sustentó una solicitud de cambio de fecha de la versión, argumentando que su apoderado no pudo asistir porque corren peligro su vida y la de su familia por supuestas amenazas de grupos armados, disidencias de las Farc y delincuencia común.
En el documento, señaló la JEP, el abogado también explicó que, en comunicación sostenida con Castellanos Garzón, éste le expuso la inseguridad jurídica de los excombatientes por las objeciones presidenciales al proyecto de Ley Estatutaria de la JEP. No obstante lo anterior, el compareciente reiteró, según su defensa, su compromiso con la dejación de armas y con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado tras el acuerdo de paz.
La noticia se conoce luego de que la misma Jurisdicción Especial para la Paz le diera tres días a Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias El Paisa, para que justifique su ausencia a las comparecencias citadas.
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"La ley dispone que, a partir de hoy, el compareciente tiene tres días hábiles para radicar las razones de incumplimiento a la citación a la versión de este lunes, argumentos que estudiará la Sala de Reconocimiento", señaló la JEP mediante un comunicado. "Contra Velásquez cursa un incidente de incumplimiento abierto el pasado 26 de octubre de 2018. El resultado del incumplimiento es la pérdida de los beneficios que concede la comparecencia a la jurisdicción, incluyendo las libertades y el beneficio de suspensión de las órdenes de captura", agregó el tribunal.
Alias El Paisa no atiende llamados desde el 10 de septiembre de 2018, cuando se le pidió un informe sobre sus actividades de reincorporación a la vida civil. "Las pruebas practicadas quedarán, desde el 21 de marzo, a disposición de las partes (compareciente, defensa y Procuraduría) para que presenten sus alegatos finales por un término de diez días hábiles", agregó la JEP.
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La JEP explicó que luego de ello dará a conocer, si es el caso, el tipo de sanción que se le aplicará al guerrillero desmovilizado, uno de los más sanguinarios en época de conflicto armado.
