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Los más recientes atentados terroristas en el suroccidente del país, que ya deja un saldo de al menos 14 muertos y más de 30 heridos, desató una nueva ola de cuestionamientos contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Desde sectores políticos y empresariales coincidieron en advertir sobre el deterioro del orden público y la expansión de grupos armados ilegales, particularmente de las disidencias de las Farc.
Uno de los pronunciamientos más contundentes provino de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). Su director, Andrés Santamaría, lanzó un mensaje al jefe de Estado en el que cuestionó la falta de resultados frente a la creciente violencia en regiones como Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
“No es una coyuntura aislada”
Santamaría aseguró que la situación actual no puede entenderse como un hecho aislado ni reciente, sino como el resultado de una expansión sostenida de estructuras armadas ilegales durante los últimos años.
“Presidente, Iván Mordisco no apareció hoy. El Cauca no empezó a sufrir hoy. Usted gobierna Colombia desde el 7 de agosto de 2022 y, durante estos casi cuatro años, estas estructuras no desaparecieron: se expandieron, atacaron más y aumentaron su capacidad de daño”, afirmó.
El director de Asocapitales sostuvo que desde 2023 se ha evidenciado un incremento significativo en las acciones de las disidencias, con más de 320 hechos criminales reportados solo en el primer semestre de ese año.
A esto se suman "decisiones del propio Gobierno", como la suspensión del cese al fuego con el Estado Mayor Central en varias regiones, tras ataques contra la población civil y la Fuerza Pública.
“En 2025, 29 miembros de la Fuerza Pública fueron retenidos en El Plateado (Cauca); ese mismo año se registraron 24 acciones terroristas en una sola jornada en Cauca y Valle. También vimos el ataque a un helicóptero de la Policía en Amalfi, donde murieron 13 uniformados”, señaló.
Sobre el atentado más reciente, fue enfático: “Y ahora, en 2026, Cajibío deja al menos siete civiles muertos y más de 17 heridos, muchos de ellos indígenas. Esto no es nuevo. No es una sorpresa. No es una coyuntura aislada. Lo que no puede hacer el Presidente es hablar como comentarista externo ni reducir esta tragedia a una explicación ideológica sobre la derecha”, afirmó.
Empresarios alertan por impacto en la economía
A las críticas se sumó el sector empresarial. La gerente de Acolgen, Natalia Gutiérrez, rechazó de manera contundente los hechos violentos.
“Colombia no puede normalizar el terror. Los ataques registrados hoy no son hechos aislados: son una amenaza directa contra la seguridad, la institucionalidad, nuestra democracia y la confianza que sostiene nuestra economía”, afirmó.
Gutiérrez insistió en que la violencia tiene repercusiones más allá del orden público y golpea directamente la inversión y el empleo. Asimismo, expresó solidaridad con las víctimas y sus familias, al tiempo que hizo un llamado urgente a las autoridades.
“Es fundamental garantizar el orden público, proteger a los ciudadanos y restablecer la tranquilidad en todo el territorio. Sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo, y sin empleo no hay futuro”, sostuvo.
Finalmente, la dirigente gremial subrayó la necesidad de una respuesta integral del Estado con acciones concretas para proteger a la población civil.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué críticas recibió Petro por los atentados en el suroccidente?
Gremios económicos y Asocapitales cuestionaron duramente al presidente Gustavo Petro tras la escalada terrorista que dejó 14 muertos, señalando que el Gobierno no puede actuar como un comentarista externo mientras las disidencias de Iván Mordisco expanden su capacidad de daño y control territorial en el Cauca y Valle.
¿Cuál es la postura de Asocapitales sobre la expansión de las disidencias de las Farc?
Andrés Santamaría, director de Asocapitales, denunció que las estructuras criminales no son un fenómeno nuevo sino que se han fortalecido durante la actual administración, acumulando cientos de hechos violentos desde 2023 y aprovechando decisiones políticas que han facilitado su crecimiento en regiones críticas del país.
¿Qué impacto tiene la violencia terrorista en la economía, según Acolgen?
Natalia Gutiérrez, gerente del gremio, advirtió que los ataques con explosivos y el deterioro del orden público socavan la confianza democrática y ahuyentan la inversión extranjera, afectando directamente la creación de empleo y la estabilidad necesaria para el desarrollo futuro del territorio nacional.
¿Qué acciones exigen los empresarios ante la crisis de seguridad?
Líderes gremiales solicitaron una respuesta integral del Estado que priorice la protección de la población civil y el restablecimiento del orden público, insistiendo en que es urgente pasar de las explicaciones ideológicas a medidas operativas contundentes que detengan el terrorismo y garanticen la tranquilidad ciudadana.
