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El 4 de agosto de 2015, después de salir de una audiencia del conocido caso grafitero en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá, el abogado Héctor Hernando Ruiz Echevarría fue empujado, insultado y golpeado cuando estaba esposado en el piso por un custodio del Inpec. Todo esto ante la vista de otros agentes que no hicieron nada para frenar la paliza.
El jurista, quien era procesado por su activa participación en el plan para desviar la investigación por la muerte del joven Diego Felipe Becerra Lizarazo a manos del patrullero Wilmer Antonio Alarcón en la noche del 19 de agosto de 2011, ya había sido víctima de otras agresiones por parte de los custodios del Inpec en la cárcel que se encontraba recluido y en las celdas de Paloquemao.
Así se desprende de la demanda que interpuso en contra del Inpec y la cual fue fallada a su favor el juzgado 58 administrativo de Bogotá que determinó probadas dos agresiones físicas y verbales contra Ruiz Echavarría mientras permaneció privado de su liberad por este proceso.
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En el fallo se advierte que los días 6 de mayo y 4 de agosto de 2015 el abogado fue golpeado por las personas que tenían la función de protegerlo, es decir, los custodios del Inpec designados para su traslado del centro carcelario a los juzgados.
En la decisión de primera instancia el juzgado advierte que el jurista sufrió una lesión en las muñecas por el "mal uso de las esposas durante los traslados", lo cual le valió una incapacidad de ocho días, "así como un uso desproporcionado e injustificado de la fuerza".
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Debido a este daño causado por los agentes del Inpec en una clara extralimitación de la fuerza y sus funciones el juzgado le ordenó al Inpec pagar cuatro salarios mínimos legales vigentes.
El Inpec fue condenado material y moralmente por las afectaciones físicas que sufrió el exasesor jurídico de la Policía Metropolitana de Bogotá. Debido a esto también se le ordenó el pago de una indemnización a los familiares del abogado.
El pasado 25 de octubre, Héctor Hernando Ruiz fue condenado a 20 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de favorecimiento en homicidio y porte, tráfico y fabricación de armas de fuego.
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En el fallo se advirtió que fue el encargado de idear el plan para conseguir y ubicar un arma de fuego en el lugar donde el joven grafitero había recibido un disparo mortal por parte del patrullero Alarcón.
Con esto se buscaba crear la hipótesis que el joven de 17 años, después de atracar un bus de servicio público había amenazado al policía que había sido alertado del hurto.
Para esto, se ordenó conseguir un arma de fuego en el mercado negro, dispararla y ubicarla en el lugar para luego hacer el reporte oficial y desviar así, claramente, el curso de la investigación.
En sus pocas intervenciones durante el juicio, Ruiz aseguró que era necesario vincular a más de 40 personas "uniformadas" que habían llegado al lugar de los hechos esa noche.
