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El gobernador de Antioquia pidió al Gobierno Nacional incluir cambios en el nuevo decreto que regulará la actuación de la Fuerza Pública frente a las manifestaciones públicas, especialmente cuando se presenten hechos violentos al interior de universidades y otras instituciones de educación superior.
El mandatario aseguró que, desde el departamento, ven con buenos ojos la propuesta de modificar el Decreto 003 de 2021, que establece lineamientos para la actuación de las autoridades durante las protestas, pero consideró necesario establecer reglas más claras para diferenciar entre quienes ejercen pacíficamente su derecho a manifestarse y quienes incurren en actos violentos.
Uno de los principales planteamientos de Antioquia está relacionado con la autonomía universitaria. El gobernador señaló que este principio debe ser respetado y protegido, pero sostuvo que no puede convertirse en una barrera que impida la actuación de las autoridades cuando se presenten situaciones que amenacen la vida, la integridad de las personas, los bienes públicos o privados y las libertades ciudadanas.
Por eso, la propuesta del departamento busca que, cuando dentro de una universidad o institución de educación superior se registren hechos de violencia, la Fuerza Pública pueda intervenir sin requerir previamente la autorización de las directivas del establecimiento educativo.
El mandatario insistió en que la propuesta no busca limitar el derecho a la protesta pacífica. Por el contrario, planteó que ese derecho debe seguir siendo garantizado, pero diferenciado de aquellas acciones que impliquen violencia. Según explicó, cualquier intervención de la Fuerza Pública tendría que estar sometida a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación, de manera que la respuesta de las autoridades corresponda a las circunstancias de cada situación.
El gobernador cuestionó, además, que el diálogo pueda convertirse en una razón para impedir que las autoridades cumplan con su deber de proteger a las personas y los bienes.
La discusión cobra relevancia en momentos en que el Gobierno Nacional prepara modificaciones a las reglas que establecen cómo deben actuar las autoridades frente a las manifestaciones públicas. Desde Antioquia esperan que las observaciones planteadas por el departamento sean tenidas en cuenta en el texto definitivo.
La solicitud central es que exista un mecanismo claro para que, ante hechos violentos dentro de instituciones de educación superior, las autoridades puedan reaccionar oportunamente, sin desconocer la autonomía universitaria ni el derecho fundamental a la protesta pacífica.
¿Qué está solicitando concretamente Antioquia al Gobierno Nacional?
El gobernador pide que el nuevo decreto permita la intervención de la Fuerza Pública dentro de universidades e instituciones de educación superior cuando se presenten hechos violentos, sin que sea necesaria una autorización previa de las directivas.
¿Esto significa que se pretende limitar la protesta universitaria?
No. La propuesta diferencia entre la protesta pacífica, que debe ser protegida, y los actos violentos. El gobernador plantea que la autonomía universitaria debe respetarse, pero no puede impedir que las autoridades actúen cuando exista una amenaza contra la vida, la integridad o los bienes.
¿Qué condiciones tendría esa intervención de la Fuerza Pública?
De acuerdo con el planteamiento del gobernador, cualquier actuación tendría que cumplir los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación. Es decir, la respuesta de las autoridades deberá estar justificada y corresponder a la gravedad de los hechos que se presenten.
