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El nuevo decreto planteado para contener hechos de violencia durante las protestas ciudadanas generó un intercambio de posiciones entre los senadores Ariel Ávila, de Alianza Verde, y Alfredo De Luque, del Partido de la U, durante el espacio ‘Rounds FM’.
La discusión se concentró en el alcance del protocolo y en la forma en que la fuerza pública debería actuar cuando una movilización registre hechos violentos.
El debate tuvo como punto de partida una pregunta: si la intervención de la fuerza pública debe producirse desde que aparece la violencia, incluso mientras se desarrolla el diálogo con los gestores de paz, o si esa actuación puede afectar el derecho a la protesta. Los dos senadores defendieron posiciones distintas durante las rondas de planteamiento, réplica y cierre.
Ariel Ávila cuestionó que el decreto pueda regular la protesta
Ariel Ávila abrió el debate con una comparación entre la regulación de la protesta social y la libertad de expresión. Para el senador, la protesta forma parte de la democracia y cualquier intento de establecer nuevas restricciones puede generar dificultades para el ejercicio de ese derecho.
“La protesta social es intrínseca a la democracia, la gente puede protestar”, afirmó Ávila. En su intervención, sostuvo que cuando aparecen hechos violentos la fuerza pública puede intervenir, por lo que consideró innecesario establecer un nuevo mecanismo específico para la protesta social.
El senador también cuestionó algunas de las disposiciones planteadas. Mencionó la posibilidad de impedir manifestaciones en instalaciones productivas y la obstrucción de vías. En ese punto preguntó qué debe entenderse por una instalación productiva y puso como ejemplo una empresa petrolera, un negocio o un local.
Ávila también relacionó la discusión con una propuesta que atribuyó al entonces ministro Diego Molano durante el gobierno de Iván Duque. “Eso es como cuando el exministro Diego Molano de Iván Duque quería un protestódromo”, expresó.
Otro de sus argumentos se relacionó con el uso de las reglas de protesta por parte de distintos sectores políticos. El senador sostuvo que las normas no deberían diseñarse pensando únicamente en el gobierno de turno, porque la oposición también puede recurrir a las movilizaciones.
“La protesta social, la utilizó la derecha cuando Petro era presidente, la va a utilizar la izquierda cuando Abelardo sea presidente”, señaló Ávila. Desde esa perspectiva, insistió en que regular la protesta puede generar consecuencias para futuras movilizaciones.
Alfredo De Luque defendió el protocolo para contener la violencia
Alfredo De Luque respondió que el decreto no pretende regular la protesta social, sino establecer un procedimiento para actuar frente a los focos de violencia que puedan presentarse durante una manifestación.
“El decreto lo que hace es establecer un protocolo para contener los focos de violencia que se presenten en las protestas que se realicen en el país”, explicó el senador. Su argumento partió de una diferencia entre la protesta pacífica y los hechos violentos que puedan aparecer durante una movilización.
De Luque sostuvo que la protesta cuenta con protección constitucional cuando se desarrolla de manera pacífica. Cuando la situación cambia y aparecen actos violentos, afirmó que corresponde al Estado intervenir para proteger los bienes públicos, los derechos fundamentales y la institucionalidad.
Ávila respondió que establecer un protocolo para determinar la intervención también representa, desde su perspectiva, una forma de regulación. El senador cuestionó que el documento no especifique, según su lectura, cuándo se utilizan armas no letales ni cuáles puede emplear la Policía.
También planteó dudas sobre la prioridad que tendría el diálogo frente a la intervención de la fuerza pública. Ávila señaló que el mecanismo de conversación durante las protestas surgió antes del actual gobierno y mencionó el paro del Catatumbo como un caso en el que el diálogo permitió detener la movilización.
De Luque insistió entonces en que los protocolos sobre el uso de la fuerza ya tienen regulación propia y que el documento discutido aborda otro asunto. “Aquí lo que se está haciendo, vuelvo y repito, es un protocolo para intervenir la protesta y contener la violencia que se presente en la protesta”, manifestó.
Los senadores expusieron sus posiciones durante el cierre
En su última intervención, Ávila volvió sobre el derecho a la protesta. “La protesta social es un derecho fundamental en cualquier democracia”, afirmó. También sostuvo que el ordenamiento jurídico colombiano ya contempla consecuencias frente a conductas como la afectación de negocios o el saqueo.
El senador señaló que esos comportamientos ya cuentan con consecuencias jurídicas y cuestionó nuevamente la necesidad de establecer un protocolo adicional. Para Ávila, el debate no debe centrarse únicamente en la actuación de la fuerza pública, sino también en el papel del diálogo durante las movilizaciones.
De Luque cerró la discusión con otro enfoque. El senador sostuvo que el Estado también debe proteger a quienes no participan en las protestas y necesitan desplazarse hacia sus trabajos, colegios, hospitales o establecimientos comerciales.
“Lo que se busca es tener una posibilidad de garantizar los derechos de las personas que decidieron no protestar”, afirmó. Según su planteamiento, la protesta pacífica mantiene las garantías constitucionales, mientras los hechos violentos requieren intervención estatal.
El intercambio terminó con dos posiciones frente al alcance del decreto: Ávila sostuvo que establecer nuevas reglas puede afectar el derecho a la protesta, mientras De Luque defendió el protocolo como un mecanismo para contener la violencia que pueda surgir durante las movilizaciones.
