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Tras un nuevo pronunciamiento, el vocero del Gobierno Miller Soto resaltó que el presidente Abelardo De La Espriella no tendrá contemplaciones con los criminales y explicó que avanza la articulación de la ley de sometimiento.
“Al criminal no se le pone una silla, se le pone un expediente. La administración no reconocerá estatus político a las organizaciones criminales. No es diálogo, el que delinque llega a acogerse, a someterse, no a negociar”, afirmó.
Según sus palabras, los ministros de Justicia, Iván Cancino y del Interior, Rodrigo Lara, están trabajando con el presidente en esa norma. “No hay reconocimiento político, no hay negociaciones largas ni cortas, no hay rebajas desproporcionadas, no hay marco para la impunidad”, agregó Soto.
El vocero también explicó que el eventual sometimiento estaría condicionado a compromisos relacionados con la verdad, el cese de las actividades criminales, la entrega de información y la reparación de las víctimas. “Se trata de propiciar un sometimiento que sea real, verificable, con verdad, con cesación de toda actividad criminal, con entrega de información y con reparación verdadera a las víctimas”, manifestó Soto.
En medio de su pronunciamiento enfatizó en que también se está trabajando en la construcción del estatuto antiterrorista que buscará afectar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales como la minería ilegal, los cultivos de coca, el contrabando y el lavado de activos.
A esto se suma que habrá un régimen penitenciario especial para los cabecillas de grandes estructuras, bajo la consideración de que quienes ejercen funciones de mando dentro de estas organizaciones deben responder de manera diferenciada ante la justicia.
“Este gobierno no va a claudicar”, afirmó, antes de señalar que quienes continúen delinquiendo deberán enfrentar la acción de las autoridades. “El gobierno va a demostrar que sembrar terror es el peor de los negocios, que el crimen se someta a la ley y no la ley al crimen”, concluyó.
Como contexto, los ministros Iván Cancino y Rodrigo Lara ya habían presentado en el Congreso los principales lineamientos de la iniciativa, que el Gobierno espera radicar para su trámite legislativo. Cancino reseñó en su momento que el mecanismo estaría dirigido a integrantes de organizaciones criminales que decidan someterse voluntariamente al Estado de derecho y que los beneficios dependerían del cumplimiento de condiciones relacionadas con la verdad, la reparación y la entrega de bienes.
Entre los elementos que se han conocido del proyecto está la posibilidad de establecer rebajas de pena condicionadas al cumplimiento de los compromisos adquiridos, sin que el sometimiento implique la suspensión automática de órdenes de captura o de procesos de extradición.
Claves del tema en cuatro preguntas
¿Qué propone el Gobierno?
Una ley de sometimiento o acogimiento para que integrantes de organizaciones criminales puedan entregarse a la justicia bajo condiciones previamente establecidas.
¿Habrá negociación política con los grupos criminales?
Según el Gobierno, no. Miller Soto afirmó que el mecanismo no contempla mesas de diálogo ni reconocimiento de estatus político.
¿Qué tendrían que cumplir quienes se sometan?
Entre las condiciones planteadas están el cese de las actividades criminales, entrega de información, aporte a la verdad, entrega de bienes y reparación de las víctimas.
¿Qué otros proyectos acompañarán la iniciativa?
El Gobierno también prepara un estatuto antiterrorista para atacar las rentas provenientes de actividades como la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y el lavado de activos, además de medidas penitenciarias para cabecillas
