Por relaciones con el ELN, ordenan enviar a la cárcel a Facundo Castillo actual gobernador de Arauca

Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a Facundo Castillo CIsneres, actual gobernador de Arauca, en el marco del proceso que se le adelanta por favorecer con contratos a guerrilleros del ELN.

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Castillo, quien ya se declaró inocente de los hechos materia de investigación, será trasladado a la cárcel La Picota mientras se adelanta el proceso penal. En su intervención, el magistrado concluyó que el mandatario representa un peligro para la sociedad y puede emprender la fuga, afectando así la investigación.

En este punto se señaló que varios de los testigos han recibido amenazas y presiones para que no declaren o cambien las versiones que han entregado.

Según la Fiscalía General, en sus dos períodos comprendidos entre 2012 - 2015 y 2018 - hasta la fecha, Castillo pactó y puso en marcha un "acuerdo financiero" por medio de contratos para beneficiar a integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN.

Estos contratos favoreció al grupo guerrillero en su actuar delictivo. A cambio de esto, los subversivos le daban protección militar y seguridad en sus desplazamientos por los municipios de la zona.

El ELN -según señaló el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia- apoyó su candidatura a la Gobernación ejerciendo una presión sobre los votantes. Para esto, se habría creado un compromiso para entregarles grandes sumas de dinero y porcentajes en los procesos de contratación.

Segú las pruebas presentadas durante la imputación de cargos, entre los años 2013 y 2015, Facundo Castillo entregó de manera directa y sin ningún tipo de protocolo ocho millonarios de contratos de infraestructura a un comandante del ELN.

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Entre estos se encuentran convenios para adelantar estudios y diseños de vías, proyectos de espacio público, infraestructura educativa por un valor de 5 mil millones de pesos.

En este proceso, la Fiscalía General le imputó los delitos de financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada; administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de delincuencia organizada; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; peculado por apropiación en favor de terceros agravado y concierto para delinquir agravado.

Tras esta medida de aseguramiento, el presidente Iván Duque deberá nombrar un gobernador encargado para el departamento.