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Según informó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), un juez y otras dos personas fueron señalados de participar en actuaciones judiciales irregulares en La Guajira y Cesar. De otra parte, dos técnicos del CTI son investigados en Caldas por supuestos actos ilícitos en el ejercicio de sus funciones.
Procesos investigativos liderados por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, a través de sus grupos especializados, permitieron identificar dos hechos distintos de presunta corrupción en La Guajira y Caldas.
Corrupción en región Caribe
En este caso personal del CTI de la Fiscalía capturó al juez promiscuo de San Juan del Cesar, La Guajira, Harold Fabián Daza Díaz, al abogado Tomás Javier Oñate Acosta y al empresario Luis Eduardo Manjarrez Pumarejo, por supuestas actuaciones ilícitas en un proceso ejecutivo.
Las investigaciones indican que Manjarrez Pumarejo demandó a un conglomerado empresarial, con el propósito de que le pagaran $208.000 millones que, presuntamente, correspondían a dineros que le dejaron de pagar por la venta de un porcentaje de acciones de una compañía dedicada a la explotación minera.
En las labores de policía judicial se estableció que la millonaria pretensión se presentó ante el juez promiscuo, quien tendría cercanía con el apoderado del empresario demandante.
El funcionario judicial, sin ser el competente por territorialidad, habría emitido órdenes administrativas contrarias a la ley como el embargo de cuentas, entre otras actuaciones.
Un fiscal adscrito al CTI imputó a los detenidos por delitos de prevaricato por acción, cohecho propio, y cohecho por dar y ofrecer.
Capturados funcionarios del CTI
Por otro lado, el CTI de la Fiscalía evidenció presuntos actos ilícitos en los que habrían incurrido dos de sus funcionarios, adscritos a la Seccional Caldas, quienes fueron capturados y presentados ante un juez de control de garantías de Villamaría, Caldas.
Los investigadores serían responsables de presentar informes y declaraciones juradas, supuestamente, falsas para obtener de un despacho fiscal el aval para realizar unas técnicas investigativas especializadas. Con esta autorización, al parecer, hicieron varios desplazamientos a municipios de Caldas y Cauca.
Por estos hechos, un fiscal adscrito al CTI imputó a los dos servidores los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
