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Una persona muerta, dos heridas y 16 viviendas afectadas es el balance preliminar tras un ataque con drones cargados con explosivos en la vereda El Diamante, zona rural del municipio de Tibú, en la región del Catatumbo.
La denuncia del presidente de la Junta de Acción Comunal de esta población dio a conocer las consecuencias de la violencia sobre los habitantes y sus hogares, en una región donde los dispositivos utilizados para lanzar explosivos se han convertido en una amenaza recurrente.
El dirigente comunal describió las afectaciones y advirtió sobre la presencia de una víctima mortal en el lugar, luego de un ataque con varios explosivos registrado en las últimas horas.
“Mire cómo están quedando las viviendas de la vereda; aquí hay un cuerpo después del ataque con drones y hay varias viviendas que están destruidas; esto es bastante delicado y estamos solos”, manifestó el líder comunal de El Diamante.
La comunidad civil, la más afectada en medio de la guerra
En su testimonio, el vocero comunal insistió en la condición de las viviendas alcanzadas por los ataques y pidió al Gobierno atención y ayuda ante tan complejo panorama.
“Son viviendas de civiles. Entonces, la guerra es contra nosotros los civiles y eso no debe ser; nosotros no tenemos apoyo de Gobierno, deben pellizcarse porque esto es muy terrible”, afirmó durante su intervención.
Además, indicó que las autoridades deben conocer las condiciones que enfrenta la población y responder al llamado de quienes, además de reportar víctimas, deben afrontar las afectaciones en sus viviendas.
Versalles también ha sufrido ataques contra viviendas
La denuncia de El Diamante se conoce después de otros episodios recientes en jurisdicción del municipio de Tibú, donde el pasado 9 de noviembre se registró un ataque con drones cargados con explosivos en la vereda Versalles, donde varias viviendas resultaron afectadas.
Habitantes de Versalles desplegaron banderas blancas en sus casas para pedir el cese de las hostilidades y el respeto por sus vidas. Ese gesto muestra cómo las comunidades han recurrido a señales visibles para reclamar protección en medio del peligro.
Los antecedentes muestran riesgos para civiles y militares
El pasado 3 de noviembre, un soldado resultó herido durante un ataque con drones cargados con explosivos en el sector de La Llana, también en zona rural de Tibú. El uniformado se encontraba con tropas que adelantaban labores de registro y control, y fue necesario disponer de apoyo aéreo para su evacuación hacia la ciudad de Cúcuta.
Minas antipersona y drones con explosivos
La instalación de minas antipersona y el uso de drones acondicionados con explosivos figuran entre las mayores preocupaciones de las autoridades por sus efectos sobre la población civil, especialmente en Tibú, El Tarra y Sardinata. En la zona se han reportado más de 200 ataques en lo corrido del año y más de 100 personas afectadas; según las cifras expuestas, el 60 % de las víctimas corresponde a integrantes de la Fuerza Pública.
Ataques con drones en Norte de Santander durante 2026
Las cifras disponibles dan cuenta de la expansión de esta modalidad de violencia en Norte de Santander. Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), citado por Colprensa en octubre de 2026, entre enero y la fecha de corte del estudio se habían registrado 42 ataques con drones cargados con explosivos en el departamento. Los hechos se enmarcan en la confrontación armada que involucra al ELN y al Frente 33 de las disidencias de las Farc, cuyos enfrentamientos han extendido el riesgo a diferentes comunidades rurales del Catatumbo.
Por otra parte, la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (CORPOREDDEH) documentó 69 víctimas de ataques con drones en Norte de Santander entre el primero de enero y el 8 de septiembre de 2026: 13 personas fallecidas y 56 heridas. Del total, dos personas muertas y 21 heridas eran civiles, mientras que 11 integrantes de la Fuerza Pública perdieron la vida y otros 35 resultaron lesionados. Estas cifras reflejan que la utilización de estos dispositivos no solo representa un riesgo para los uniformados, sino que también mantiene a las comunidades en una situación de vulnerabilidad permanente.
Un llamado para que el Gobierno atienda la emergencia
Desde El Diamante, el presidente de la Junta de Acción Comunal pidió que su denuncia llegue a la opinión pública y motive una respuesta del Gobierno.
Su llamado resume la preocupación por las víctimas, las viviendas afectadas y la exposición de los civiles a nuevos ataques; además, instó a que las instituciones miren lo que sucede en el territorio y atiendan a una comunidad que está pidiendo ayuda.
Claves de la noticia: cuatro preguntas
¿Por qué los ataques con drones representan un nuevo desafío para la seguridad en el Catatumbo?
Porque permiten a los grupos armados realizar acciones a distancia y ampliar su capacidad de hostigamiento contra objetivos militares y otros sectores del territorio. Esta situación obliga a las autoridades a fortalecer sus mecanismos de prevención y protección, especialmente en zonas donde existe presencia permanente de comunidades campesinas.
¿Qué consecuencias generan estos ataques para las familias que viven en las zonas rurales?
Además de las lesiones y pérdidas humanas, estos hechos pueden provocar daños en los hogares, temor a permanecer en las viviendas, interrupciones de las actividades cotidianas y dificultades para acceder a servicios básicos. También aumentan el riesgo de desplazamiento y confinamiento de las comunidades.
¿Qué medidas de protección necesitan las comunidades del Catatumbo?
Se requiere mayor presencia institucional, atención humanitaria oportuna, acompañamiento a las familias afectadas y mecanismos de prevención que permitan reducir la exposición de la población civil a los enfrentamientos. También es fundamental garantizar condiciones para que las comunidades puedan denunciar los hechos sin temor a represalias.
¿Qué papel deben cumplir las autoridades locales y nacionales después de un ataque de esta naturaleza?
Deben coordinar la atención de las víctimas, verificar las afectaciones, garantizar asistencia médica y psicosocial, evaluar los daños en las viviendas y activar las rutas de ayuda humanitaria. Asimismo, deben establecer mecanismos de seguimiento para evitar que las familias afectadas queden desprotegidas una vez superada la emergencia.
