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Ante el juez 23 de garantías de Bogotá, la Fiscalía presentó un principio de oportunidad alcanzado con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, investigado por el denominado "cartel de la toga".
La Fiscalía pidió la suspensión de la acción penal durante un año, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada a cambio de colaboración.
La investigación en contra de Luis Gustavo Moreno advierte de su actuar como abogado y que al parecer favoreció la manipulación de procesos dentro de la Corte Suprema de Justicia, en un hecho de corrupción que ha salpicado a políticos, abogados, y ex magistrados de la corporación.
Según señaló la defensa de Luis Gustavo Moreno en audiencia, "Luis Gustavo Moreno se compromete a entregar información de por lo menos 22 procesos relacionados con pago de coimas en la Corte Suprema para detener determinaciones judiciales en la alta corporación, como colaboración con la Fiscalía", dijo.
La información que el exfiscal anticorrupción entregaría estaría relacionada con los pagos de los congresistas Musa Besaile por 2.000 millones de pesos, Álvaro Ashton por 1.200 millones; Julio Manzur por 2.000 millones de pesos y al exgobernador Juan Carlos Abadía, quien logró el archivo de dos procesos en su favor en la Corte Suprema.
El acuerdo estima no sólo detener la acción penal durante 12 meses a Luis Gustavo Moreno, sino que además se le brinde inmunidad total sobre los delitos imputados, como lo señala su abogado defensor. Sin embargo, la inmunidad total en el proceso no fue bien recibida por la Fiscalía, que expresó su molestia por la postura de la defensa en relación con el acuerdo judicial.
En caso de ser aprobado el principio de oportunidad por parte del juez, Luis Gustavo Moreno se convertiría en testigo clave de la Fiscalía por el escándalo del cartel de la toga.
El caso
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Luis Gustavo Moreno Rivera, ex director nacional contra la corrupción de la Fiscalía, por incurrir presuntamente en los delitos de concusión y utilización de información privilegiada.
Los presuntos actos de corrupción se relacionan con el dinero que habría recibido en calidad de director anticorrupción, con el fin de beneficiar a Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, en investigaciones que se adelantan en su contra.
La Fiscalía indicó que Moreno Rivera al parecer se encontró entre los meses de febrero y marzo con el exgobernador Lyons, en la ciudad de Bogotá, para ofrecerle beneficios e información privilegiada de los casos que enfrenta, a cambio de dinero. En esta reunión el indiciado habría solicitado cien millones de pesos ($100.000.000).
Igualmente, con ese propósito, se estableció que el imputado habría recibido 10.000 dólares, durante una reunión sostenida en Miami (Estados Unidos) con el mismo Lyons Muskus.
Tras la imputación, Luis Gustavo Moreno Rivera aceptó cargos. Sin embargo, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá no aprobó el allanamiento, debido a que en la intervención Moreno expresó sentirse presionado por distintos motivos. El magistrado consideró entonces que la aceptación de cargos no era voluntaria.
