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La Fiscalía solicitó al Tribunal Superior de Bogotá imponer medida de aseguramiento de detención domiciliaria a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco señalados de presuntamente liderar una organización criminal que direccionó millonarios contratos y convenios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
Para sustentar la necesidad de imponerles esta medida de aseguramiento, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema María Cristina Patiño, hizo una relación de toda una serie de pruebas que fueron recolectadas por los investigadores entre los que se destacan los testimonios de Olmedo López y de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
De acuerdo con la Fiscalía los exministros impartieron instrucciones para el direccionamiento de contratos y convenios por más de 612 mil millones de pesos de la UNGRD y el Invias a cambio de lograr el apoyo para reformas como la pensional y de salud promovidas por el Gobierno, así como el respaldo en la votación a los proyectos de endeudamiento de la Nación que cursaban en la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público.
Para los investigadores se estableció que esta organización criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, durante el tiempo en que Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, se desempeñaron como ministros de despacho en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“Durante este lapso los exministros direccionaron en favor de parlamentarios de la Comisión Primera del Senado, de las comisiones tercera y cuarta de la Cámara y Senado y de la Comisión Séptima del Senado, 74 proyectos radicados en el INVIAS por $571,701,473,657 y cinco proyectos en la UNGRD por $40,536,363,430 pesos para un total de 612 mil 237 millones 837 mil 87 pesos, de los cuales se concretaron siete proyectos que serán detallados al imputar los hechos jurídicamente relevantes de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos”, indicó la fiscal Patiño.
Así fue la orden para apoyar la reforma pensional
De acuerdo con la Fiscalía se estableció que en junio de 2023 el exministro del Interior le ordenó al exdirector de la UNGRD, Olmedo López apoyar la reforma pensional y para ese fin, debía presentarse en uno de los debates de la Comisión Séptima del Senado de la República, con el fin de entregar contratos a ciertos congresistas para seguir ampliando las mayorías en esa comisión.
“Pues allí se tramitaban las reformas importantes del Gobierno Nacional, esto es a la salud y a las pensiones, y ponerse también a disposición de la senadora Marta Peralta Epiayú, quien estaba liderando por el Gobierno el sí de la reforma pensional”, dijo la fiscal.
Las declaraciones de Olmedo López y el papel del asesor del exministro Velasco
En interrogatorio de junio de 2024, Olmedo López relató ante la Fiscalía hechos ocurridos en el contexto de reuniones oficiales en las que participaron altos funcionarios como Carlos Ramón González y los entonces ministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla.
López Martínez resalta que durante la reunión “se les expuso la intención de comprar congresistas a cambio de contratos, a lo que él sugirió que en vez de contratosse utilizaran puestos públicos dada la disponibilidad de cargos aún ocupados por el Gobierno anterior, detallando cómo por instrucciones del ministro Velasco y su asesor Fernando Henao se elaboró un listado de congresistas del Pacto Histórico que no habían votado en una convocatoria reciente”.
Según Olmedo López la orden era cerrarles las puertas en la UNGRD, lo que implicaba no atender sus peticiones, negarles citas y suspender cualquier avance en proyectos de sus comunidades, como ocurrió con una solicitud del senador Paulino Riascos e indicó que la contraorden era atender con contratos aquellos congresistas con quienes se había negociado previamente, suministrando sus nombres para gestionar los beneficios.
