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La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación contra cinco gobernadores y dos exgobernadores por el escándalo relacionado con el billonario saqueo de recursos de las regalías en 19 departamentos del país.
Estas nuevas investigaciones hacen parte del proceso en el que fueron capturadas trece personas por su presunta participación en el direccionamiento de cerca de 480 contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por más de tres billones de pesos en 19 departamentos del país.
Ante los graves se compulsaron copias para indagar la supuesta responsabilidad de Óscar Enrique Sánchez Guerrero, gobernador del de Amazonas; María Margarita Guerra Zúñiga, gobernadora del departamento de Magdalena; Luis Alfredo Gutiérrez García, gobernador de Vaupés; Fulberto Guevara, gobernador del departamento de Vichada y Yeison Ferney Rojas Martínez, gobernador del Guaviare.
También se investiga la posible autoría de Rafael Alejandro Martínez, exgobernador del Magdalena; Álvaro Arley León Flores, exgobernador del Vichada.
En desarrollo de este caso la Fiscalía detectó un presunto esquema de corrupción que habría utilizado el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social 'Sierra Nevada' para direccionar la contratación que hoy está en la lupa de los peritos.
Las primeras diligencias de captura fueron realizadas por agentes del (CTI) en Bogotá, Cartagena (Bolívar), Valledupar (Cesar), Sogamoso (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Villavicencio (Meta), y entre los capturados se encuentran el alcalde de Maria La Baja (Bolívar), el exalcalde de La Paz (Cesar).
Igualmente, fueron capturados un contratista y exrepresentantes legales, así como exdirectores administrativo, financiero y ejecutivo, el revisor fiscal, el director técnico y supervisores del Fondo Mixto 'Sierra Nevada'.
Las pruebas recolectadas por los investigadores advierten que funcionarios públicos y particulares habrían utilizado el Fondo Mixto para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos de infraestructura, educación, agua y saneamiento básico, deporte y recreación, ambiente, gestión del riesgo, salud, energía eléctrica y mejoramiento de vivienda rural, entre otros.
Según los fiscales este fondo mixto adoptó un manual de contratación propio que fue utilizado para adjudicar contratos y subcontratos a terceros e incluso a integrantes de la misma organización, con el propósito de mantener el control sobre la ejecución de los recursos.
“Los contratos habrían sido direccionados mediante procesos presuntamente irregulares, soportados en documentos, actas y registros falsos que, al parecer, indujeron en error a distintas autoridades para evadir los controles sobre la contratación pública”, indicó la Fiscalía.
Durante la operación también fueron practicadas 15 diligencias de allanamiento y registro, en las que se incautaron equipos y documentos con fines investigativos. La investigación incluyó seguimientos a los investigados, y el despliegue de 105 servidores de policía judicial.
Ante los hechos investigados, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentará a los capturados ante un juez de control de garantías para legalizar las capturas, formular imputación y solicitar la imposición de medidas de aseguramiento.
Por estos hechos, la Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación.
