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La Fiscalía General de la Nación ocupó 83 propiedades en el país que harían parte del patrimonio de personas, posiblemente implicadas en defraudación a las finanzas del Estado.
Varias de ellas están localizadas en el Atlántico, en los municipios de Galapa, Soledad y Juan de Acosta, así como en Barranquilla.
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Según Liliana Donado, subdirectora especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en el departamento fueron impactadas las finanzas de personas que, durante los años 2012, 2013 y 2014, con sus acciones habrían afectado los recursos de la salud en más de 20.184 millones de pesos.
"Allí mismo fue golpeada una red integrada por intermediarios, agentes aduaneros y exfuncionarios y funcionarios de la Dian, quienes entre 2013 y 2020 crearon sociedades fachadas, para efectuar operaciones irregulares para el ingreso de calzado, confecciones y textiles", explicó Donado.
Indicó que un grupo de fiscales se desplazó a los departamentos de Sucre, Santander, Guajira, Atlántico Risaralda, Bogotá y a Arauca.
En este último, la entidad ocupó propiedades a nombre de tres exfuncionarios de la administración municipal para el periodo 2008 – 2012.
"Fueron ocupados bienes del exalcalde William Alfonso Reyes Cadena y dos de sus funcionarios de confianza, quienes habrían girado a un particular, 16.000 millones de pesos correspondientes a los excedentes de las regalías", aseveró la funcionaria.
En el caso de La Guajira, las propiedades ocupadas harían parte del patrimonio de exfuncionarios de Corpoguajira y otros ciudadanos que habrían incurrido en irregularidades superiores a los 1.823 millones de pesos.
De esta manera, la corporación autónoma pagó actividades y servicios que nunca se prestaron. 13 personas fueron judicializadas por estos hechos.
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Entre tanto, en Risaralda Fiscales adscritos a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ocuparon bienes, presuntamente adquiridos con dineros producto del pago irregular de cesantías, en hechos ocurridos entre 2013 y 2021.
La investigación determinó que Juan Andrés Ulloa Muñoz liquidó indebidamente dicha prestación social de varios servidores de la alcaldía de Pereira. El monto superó los 1.926 millones. Los inmuebles están avaluados en más de 36.620millones de pesos.
