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La Fiscalía General de la Nación determinó que continuará con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, después de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes solicitara que el proceso fuera remitido a esa corporación por considerar que algunos de los hechos investigados podrían estar relacionados con su condición de expresidente de la República.
Según lo que trascendió, la decisión fue adoptada este 27 de agosto por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dentro de una investigación identificada con el número 1100160992522000004954.
La controversia surgió porque la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara argumentó que uno de los hechos investigados tendría relación con los presuntos nexos entre Álvaro Uribe y el grupo paramilitar conocido como Bloque Metro, estructura que cesó su actividad delictiva en el año 2003.
De acuerdo con la Comisión, como Álvaro Uribe fue presidente de la República entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010, estaría cobijado por el fuero presidencial y, por lo tanto, correspondería a esa corporación conocer de los hechos.
Incluso, en un nuevo oficio del 26 de agosto, la Comisión reiteró la solicitud y planteó expresamente un conflicto positivo de competencia.
La investigación se concentra en hechos de los años 90
La Fiscalía, sin embargo, concluyó que ese argumento no resulta aplicable al caso concreto.
Sumado a eso, la entidad recordó que la investigación contra Uribe fue asignada inicialmente en 2020 a un fiscal delegado ante la Corte Suprema y posteriormente, tras la renuncia de ese funcionario, quedó en manos de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema, teniendo en cuenta la naturaleza, complejidad y gravedad de los hechos investigados.
El punto central de la resolución y de acuerdo con la Fiscalía, está en determinar cuándo ocurrieron los hechos que son objeto de investigación.
En ese sentido, la misma Fiscalía explica que la apertura de la investigación se remonta al 16 de mayo del año 2000 y que estaba relacionada con presuntas conductas ocurridas cuando Álvaro Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
Hay que recordar que entre los hechos investigados están las presuntas omisiones en sus deberes de protección a la población civil frente a masacres ocurridas en 1996 y 1997 en el municipio de Ituango, así como la presunta creación, fomento y favorecimiento de grupos armados al margen de la ley, teniendo en cuenta la presencia de un grupo paramilitar en la Hacienda Guacharacas, de su propiedad.
Por esa razón, la Fiscalía considera que no existen elementos para concluir que la actividad investigada se hubiera extendido hasta el período en que Uribe fue presidente de Colombia.
La resolución señala, en consecuencia, que la hipótesis de que el delito de concierto para delinquir se hubiera mantenido de manera permanente hasta el año 2003 no corresponde con los hechos jurídicamente relevantes que son objeto de esta investigación.
La decisión sobre competencia queda en manos de la Corte Constitucional
Hay otro elemento clave en la decisión: en el documento, la Fiscalía recuerda que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró, en 2018, como crímenes de lesa humanidad varios de los delitos relacionados con esta investigación, entre ellos concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro y desplazamiento forzado.
Esos hechos están relacionados con masacres ocurridas en San Roque, La Granja y El Aro, en Antioquia, además del homicidio de Jesús María Valle Jaramillo. Al tratarse de conductas que, según la Corte Suprema, tienen el carácter de crímenes de lesa humanidad, la acción penal sobre estos hechos es considerada imprescriptible.
Así mismo, la Fiscalía concluye entonces que le corresponde continuar con la etapa de instrucción y con las decisiones posteriores que sean necesarias dentro de la investigación.
Y aunque la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara planteó un conflicto de competencia, la Fiscalía decidió que el expediente debe continuar en la jurisdicción ordinaria.
Por eso, ordenó remitir la actuación original a la Corte Constitucional, para que sea ese tribunal el que dirima formalmente el conflicto entre la jurisdicción ordinaria y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Mientras se produce esa definición, la Fiscalía informó que continuará adelantando la actuación procesal correspondiente.
En otras palabras, la resolución no determina la responsabilidad penal de Álvaro Uribe ni archiva la investigación. Lo que establece es que, por ahora, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema mantiene el conocimiento del proceso y que será la Corte Constitucional la encargada de resolver la disputa de competencia planteada por la Cámara.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Qué decidió la Fiscalía frente al caso de Álvaro Uribe?
La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema decidió mantener el conocimiento de la investigación y continuar con la actuación procesal. Considera que los hechos investigados corresponden a una etapa anterior a la Presidencia de Uribe.
¿Por qué la Cámara de Representantes reclamaba el proceso?
La Comisión de Investigación y Acusación sostuvo que la investigación incluye hechos relacionados con el Bloque Metro hasta el año 2003 y que, como Uribe fue presidente desde 2002, estaría cobijado por el fuero presidencial. Por eso pidió asumir la competencia y planteó un conflicto positivo de competencia.
¿Qué hechos investiga la Fiscalía?
La investigación se refiere principalmente a hechos de los años 1996 y 1997, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia, entre ellos presuntas omisiones frente a masacres en Ituango y la presunta creación, fomento o favorecimiento de grupos paramilitares relacionados con la Hacienda Guacharacas.
¿Qué sigue ahora?
La Fiscalía continuará con el proceso, pero el conflicto sobre quién debe asumir la investigación será remitido a la Corte Constitucional. Ese tribunal deberá determinar si el caso corresponde a la jurisdicción ordinaria o a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.
