Este caso obedece a la denuncia que radicó el desaparecido Inco, actual ANI, que se radicó en el 2011 en la Fiscalía contra varias personas por irregularidades en la contratación de la Unión temporal desarrollo vial del Valle del Cauca y Cauca.
Según la investigación adelantada por las autoridades, en agosto 9 de 2006 el gobierno de la época y el consesionario del proyecto, a través de la adición número 6 y 13 al otrosí 2, amplió de 14 a 54 años la concesión del proyecto Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, representada por la empresa de Solarte.
Según los investigadores del ente acusador, se presentó un detrimento patrimonial de 7 billones de pesos.
También fueron citados a interrogatorio Patricia Cortés, Juan Martínez Paz (asesor de Inco), entre otros.