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La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Atlántico y con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), realizó una diligencia de allanamiento y registro en las instalaciones de la Sociedad de Activos por Colombia en Barranquilla.
Según explicó Diana Bravo, presidenta de la SAE (Sociedad de Activos Especiales), la actuación se originó luego de que la nueva administración de la entidad pusiera en conocimiento de la Fiscalía información recibida de una fuente sobre presuntas irregularidades que podrían estar ocurriendo dentro de la entidad.
“Como resultado de la diligencia fueron incautados equipos tecnológicos que serán sometidos a los respectivos análisis forenses por parte de las autoridades competentes, que permitan asegurar la evidencia digital y evitar la continuidad de los daños informáticos. Será revisada por el juez de control de garantías la legalidad formal y material del procedimiento realizado a la Sociedad de Activos por Colombia, mediante decisión que declara la legalidad del procedimiento de registro y allanamiento”, detalló.
Activos por Colombia es una plataforma y operador comercial privado aliado de la SAE para gestionar, comercializar y subastar bienes incautados a la mafia.
Incautaron equipos tecnológicos
El procedimiento fue adelantado por la Fiscalía Novena Especializada de la Estructura de Apoyo, junto con funcionarios de Policía Judicial del CTI y con el acompañamiento de una delegada de turno de la Procuraduría General de la Nación.
También se desarrolló un trabajo articulado con unidades especializadas de la Fiscalía contra la corrupción, la Dijín, investigadores de delitos cibernéticos y el grupo anticorrupción.
Como resultado del allanamiento fueron incautados equipos tecnológicos, los cuales serán sometidos a análisis forenses.
El objetivo es preservar la evidencia digital y establecer si efectivamente se presentó algún tipo de modificación, eliminación o alteración de la información institucional.
“Estos equipos serán sometidos a los respectivos análisis forenses por parte de las autoridades competentes”, explicó la SAE, al señalar que los procedimientos buscan asegurar la evidencia digital y evitar una eventual continuidad de los daños informáticos.
Juez declaró legal el allanamiento
La legalidad formal y material del procedimiento fue sometida posteriormente a consideración de un juez de control de garantías, quien declaró la legalidad de la diligencia de registro y allanamiento realizada en las instalaciones de la SAE.
Sin embargo, esto no determina por sí mismo que las presuntas irregularidades denunciadas hayan ocurrido. Serán los análisis técnicos y el avance de la investigación de la Fiscalía los que permitan establecer qué sucedió.
“Serán esos análisis técnicos y la investigación de la Fiscalía los que permitan establecer si efectivamente existió manipulación, alteración o eliminación de archivos, correos, cuentas o cualquier información”, indicó la entidad.
De esta manera, las autoridades deberán determinar si existieron conductas delictivas y, de ser así, establecer las eventuales responsabilidades correspondientes.
SAE asegura que colaborará con la investigación
La nueva administración de la Sociedad de Activos Especiales manifestó que entregará toda la colaboración requerida por los organismos de investigación y control.
“Aquí no venimos a ocultar información ni a interferir en las investigaciones”, afirmó la entidad, al explicar que su directriz es preservar la información y garantizar el acceso de las autoridades a los datos que sean necesarios.
La SAE agregó que los activos y la información bajo su administración hacen parte del patrimonio público y, por esa razón, deben ser manejados bajo criterios de transparencia y estricto cumplimiento de la ley.
“Los activos y la información que administra la SAE son patrimonio público y deben manejarse con rigor, con transparencia y absoluto respeto por la ley”, sostuvo la SAE.
Finalmente, la administración de la SAE aseguró que garantizará la protección de la información institucional y que esta será puesta a disposición de las autoridades cuando sea requerida.
“Que sean las pruebas, los análisis forenses y la justicia los que determinen qué ocurrió y quiénes deben responder”, concluyó.
Temas clave
¿Por qué la Fiscalía realizó el allanamiento a las instalaciones de la SAE?
La diligencia se originó por información recibida por la nueva administración de la SAE sobre presuntas irregularidades dentro de la entidad, relacionadas principalmente con una posible manipulación de los sistemas de información institucional.
¿Qué encontraron las autoridades durante el procedimiento?
La Fiscalía y el CTI incautaron equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis forenses para determinar si hubo eliminación, modificación o alteración de archivos, correos electrónicos, cuentas u otra información institucional.
¿El allanamiento fue declarado legal?
Sí. Un juez de control de garantías declaró la legalidad del procedimiento de registro y allanamiento realizado en las instalaciones de la SAE. Esta decisión valida el procedimiento judicial, pero no establece que las presuntas irregularidades efectivamente hayan ocurrido.
¿Qué sigue ahora en la investigación?
Las autoridades realizarán los análisis forenses de los equipos incautados y continuarán con la investigación para establecer qué ocurrió y si existieron conductas delictivas. La SAE aseguró que colaborará con la Fiscalía, la Procuraduría y los demás organismos de control y pondrá a disposición la información que sea requerida.
