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El Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa (Putumayo) ordenó suspender una resolución de Corpoamazonia que pretendía declarar como reserva ambiental más del 70 % del territorio. Lo anterior, tras comprobar que no se realizó consulta previa con el Pueblo inga.
Según el fallo, se protegen los derechos fundamentales de comunidades indígenas. La decisión revela una problemática que se extiende a nivel nacional: la declaratoria de reservas ambientales sin participación efectiva. Esa situación genera riesgos sobre la tenencia de la tierra, las economías campesinas y el desarrollo rural.
La medida podía afectar predios campesinos, limitar el uso del suelo y frenar distintas actividades productivas.
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Señalamientos
La Red de Veedurías de Colombia advirtió que Corpoamazonia busca modificar instrumentos de ordenamiento ambiental bajo el argumento de una “compilación y actualización”, sin participación ciudadana ni consulta previa.
Según la organización, estas actuaciones vulneran la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y el principio de buena fe. Por ello, el organismo solicitó a la Procuraduría General activar mecanismos de control y seguimiento a las decisiones de la corporación.
Otros casos
Casos similares se han registrado en distintas regiones del país. En el suroeste antioqueño (2025), más de 37.000 hectáreas fueron declaradas reserva temporal sin consulta efectiva, lo que generó preocupación en la agricultura, la minería y el turismo.
En Santurbán (2025), la propuesta de reserva ambiental fue cuestionada por comunidades debido a la falta de claridad y diálogo. En el Catatumbo (2025), campesinos habitan zonas de reserva forestal creadas por la Ley 2ª de 1959, sin posibilidad de formalizar predios, lo que limita su desarrollo.
El Decreto 044 (2024), que reguló reservas naturales temporales, fue rechazado por organizaciones campesinas al imponer restricciones sin concertación. Asimismo, los proyectos de ley 096 y 338 (2023–2024), orientados a regular la adjudicación de tierras en reservas, recibieron críticas por establecer condiciones que podrían excluir a comunidades históricas.
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Tanto líderes indígenas como campesinos coinciden en que la protección de la Amazonía no puede construirse desconociendo la autonomía territorial, la seguridad jurídica sobre la tierra y los derechos constitucionales de participación.
Este es el fallo:
