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La Contraloría General de la República envió el fallo de segunda instancia al Consejo de Estado, en el que ratifica la responsabilidad fiscal, por $4.3 billones que, a título de culpa grave, profirió en septiembre pasado contra 26 funcionarios y contratistas del megaproyecto de Hidroituango.
Lo anteriorcomo consecuencia del daño al patrimonio del Estado, producto de las mayores inversiones realizadas en la obra y el lucro cesante causado luego que la hidroeléctrica no hubiera comenzado a generar energía a partir de noviembre de 2018.
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El fallo fue confirmado en segunda instancia por la Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria del organismo de control, que negó los recursos de apelación presentados contra el auto por el cual se tomó la decisión inicial.
En ese sentido, habrá que esperar si el Consejo de Estado considera que la decisión es inconstitucional.
Algunas personas jurídicas y naturales involucradas son: Juan Esteban Calle Restrepo, gerente de EPM; Fabio Alonso Salazar Jaramillo, exalcalde de Medellín; Luis Guillermo Gómez y John Alberto Maya, gerentes de Hidroituango y Sergio Fajardo Valderrama, exgobernador de Antioquia y actual precandidato presidencial.
Frente a esa situación, Sergio Fajardo acusó al contralor Carlos Felipe Córdoba de ser una “ficha política” del expresidente César Gaviria y de Germán Vargas Lleras.
Y Córdoba señaló entre indirectas que, “uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo decía mi abuelo, pero lo más importante es saber y tener claro por qué nos eligieron, para qué estamos y cumplir con nuestra función. Puede que no le gustemos a todo el mundo y no importa, pero lo importante es que tengamos la conciencia tranquila y hagamos nuestro trabajo”.
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El contralor manifestó que “nuestras entidades fiscalizadoras superiores deben ser fuertes y robustecidas. Que efectivamente logren ayudar a que la institucionalidad se dé sin ningún problema, porque aquí como en todo el mundo, hay gente que piensa que el país es de ellos y que los demás vivimos en arriendo”.
