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Los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá le ordenaron a la juez 44 penal del circuito, Sandra Liliana Heredia, "que respete el derecho al debido proceso y de defensa de Álvaro Uribe" y le permita descubrir las pruebas con las que busca demostrar su inocencia en el proceso que se le acusa por supuesto soborno a testigos y fraude procesal.
En la decisión, el tribunal ordena a la juez convocar la continuidad de la audiencia preparatoria del juicio y le concede a la defensa del excongresista, en un plazo máximo de 48 horas, para que su defensa pueda “descubrir, enunciar y solicitar las pruebas para sustentar su inocencia; así como de oponerse a las que solicitó la fiscalía”.
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De acuerdo con Jaime Granados, defensor de Uribe Vélez, la Fiscalía no entregó de manera oportuna todo el material probatorio para crear su estrategia de defensa en un tiempo razonable y la jueza del caso, Sandra Liliana Heredia, no otorgó un plazo de siete días para hacer el estudio debido de la documentación sobre varios dispositivos pertenecientes al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella de este expediente.
Esta determinación se sustenta en la queja que elevó la defensa del exmandatario, en atención a que la jueza no le concediera el aplazamiento de la audiencia para analizar y revisar adecuadamente las pruebas que fueron proporcionadas el 30 de septiembre, por parte de la Corte Suprema de Justicia.
La defensa de Uribe Vélez señaló que la copia espejo de algunos dispositivos electrónicos y que hace parte de este proceso, al parecer, presentaba irregularidades.
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Los representantes del exmandatario señaló que dicha copia no contenía cerca de 20.000 archivos que habrían sido borrados, lo que impidió un acceso completo a las pruebas.
En la tutela se dejó constancia que pese a las advertencias de los abogados del expresidente Uribe, que son Jaime Granados y Jaime Lombana, en su momento la juez determinó continuar con la audiencia preparatoria del juicio.
Los defensores argumentaron que durante el proceso se desconocieron posibles vacíos en los elementos de prueba enunciados por parte de la Fiscalía General de la Nación.
