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El director (e) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, John Jairo Motta, radicó ante la Fiscalía una denuncia contra el exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, por haber otorgado la licitación del contrato de los pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons.
En el documento se detalla que los delitos que deben ser objeto de investigación son falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y abuso de función pública.
Motta cuestionó las actuaciones del exsecretario de la Cancillería, pues resaltó que Salazar desautorizó una resolución emitida por el canciller suspendido Álvaro Leyva, que suspendió la primera licitación y declaró la urgencia manifiesta.
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"Indicó que esta solicitud ya era improcedente, por lo cual resolvería con base en un supuesto deber oficioso, pues en su criterio, los actos administrativos proferidos por su superior, el titular de la función y representante del Ministerio, eran manifiestamente opuestos a la ley", señala uno de los apartes la denuncia.
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado también señaló que el exsecretario no tenía las competencias para revocar ese acto emitido por su superior jerárquico, pues fue una determinación tomada y dejada en firme por Leyva, con más de cuatro meses de anticipación.
"Sin tener asignación funcional para ello, con ese acto revocó uno que había sido proferido por su superior jerárquico, para lo cual tampoco tenía competencia, pero además, revocó un acto administrativo que fue emitido y había quedado en firme, con más de 4 meses de anterioridad", añade la denuncia penal.
La Agencia Jurídica del Estado también contradice lo dicho por Salazar, quien afirmó que una resolución lo puso en frente de ese proceso de licitación.
En ese sentido, Motta dijo que esas declaraciones no son ciertas ya que no existe una norma que lo habilite para tomar decisiones respecto a esa licitación de los pasaportes.
"Las manifestaciones efectuadas por el Secretario Salazar Ramírez son contrarias a la verdad, por cuanto ninguna de las normas referidas por él, lo habilitaban para pronunciarse en lo absoluto sobre la Licitación Pública", concluye el documento.
Esta es la denuncia:
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El director (e) solicitó a la Fiscalía que se adicionen las pruebas y argumentos expuestos en el documento al proceso penal que avanza contra el exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores.
