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En julio del año pasado la Corte Constitucional modificó el código penal de tal manera que no fuera delito ayudar a una persona que no padezca de una enfermedad terminal a morir mediante la eutanasia, sin embargo, el debate no ha acabado, pues el Alto Tribunal aún estudia una tutela que reforzaría aún más esa decisión.
Se trata del recurso que interpuso Yolanda Chaparro la mujer con una enfermedad en etapa no terminal que acudió a la tutela en busca del procedimiento para morir dignamente. Finalmente, y después de una lucha de 13 meses, ella pudo acceder al procedimiento tras la decisión de julio.
Pero el debate en la Corte sobre la eutanasia continua, y ahora ya no es constitucional, sino sobre el uso de la eutanasia como un derecho fundamental de la persona que padezca una enfermedad no necesariamente en etapa terminal y que desee acabar con su sufrimiento.
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Yolanda padecía de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) una enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas.
La respuesta que ella recibió de su EPS Compensar y su IPS Instituto Roosevelt al solicitar la eutanasia antes de tiempo, fue que “tenía que esperar, a que no pudiera respirar, usara silla de ruedas y así se materializó la vulneración de sus derechos”, explicó el abogado.
Según sus abogados, las barreras que existen contra el derecho a morir dignamente vulneran los derechos a la vida digna, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y de cierta manera “se somete a las personas a una tortura y trato cruel e inhumano y degradante”, antes de morir.
