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El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá ordenó practicar una serie de pruebas dentro del trámite para resolver la petición de detención domiciliaria para la influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia'.
Esta solicitud fue elevada por parte del abogado Francisco Bernate tras encontrarse recluida en la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá, donde paga su condenada a 5 años y 2 meses de prisión por daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas, por cometer actos vandálicos contra las estaciones de Transmilenio, durante el paro nacional de 2019.
Esta petición plantea que a Epa Colombia sea cobijada con la Ley 2292 de 2023, conocida como la Ley de Utilidad Pública, sancionada por el presidente Gustavo Petro, ya que cumple entre otros requisitos que es madre cabeza de familia y fue condenada a una pena inferior a los ocho años de prisión.
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Además, la defensa presentó como parte de su solicitud un proyecto titulado 0Aprende y Emprende con Epa Colombia0, cuyo objetivo es capacitar a mujeres en situación de vulnerabilidad en técnicas de belleza capilar.
Concluyó que en los delitos por los cuales fue condenada EPA Colombia, no se evidencia el uso de menores para la comisión de delitos y se acredita que la comisión de estos hechos se encuentra asociada s sus condiciones de marginalidad.
Dentro de las pruebas que ordena practicar la juez se ofició al Ministerio de Justicia para que, en el menor tiempo posible, remitan el registro actualizado de las plazas para la prestación del servicio de utilidad pública y los convenios disponibles en la ciudad de Bogotá.
De igual forma, se ordenó una visita socio-familiar a la residencia de EPA Colombia y se elabore el correspondiente informe, en el que se deberá determinar quiénes habitan el lugar, qué vínculos tiene, cómo ha sido su comportamiento en el hogar, qué actividades ha realizado.
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También se ordenó asignar un asistente social para que realice una entrevista presencial a EPA Colombia, con el fin determinar sus condiciones sociales, económicas y familiares, previas a la comisión del delito por la cual fue condenada y, en los términos del acuerdo.
