Embargan bienes por $2.400 millones a red de tráfico de migrantes

Agentes de policía judicial, bajo la coordinación de un fiscal adscrito a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adelantaron operativos simultáneos en tres departamentos del país y embargaron millonarios bienes pertenecientes a los integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes.

Estas labores judiciales fueron realizadas en desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para impactar las finanzas de las redes dedicadas al crimen organizado.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía especializada fueron afectados con medidas cautelares de embargo y secuestro cuatro predios urbanos, dos establecimientos de comercio y diez vehículos, cuyo avalúo preliminar supera los 2.400 millones de pesos.

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Según las investigaciones las propiedades objeto de embargo al parecer estaban al servicio de esta organización criminal para movilizar a los extranjeros que ingresaban al país por corredores fronterizos no autorizados, alojarlos en Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia) y Bogotá, y garantizar la salida por la frontera con Panamá para que siguieran su tránsito por Centroamérica con destino a Estados Unidos.

De igual forma, se estableció que algunos de los señalados integrantes de esta red de tráfico de migrantes trabajaban en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

“Estas personas serían las encargadas de contactar a los ciudadanos extranjeros que no eran admitidos por Migración Colombia, ofrecerles los servicios ilícitos para cumplir su intención de viajar y sacarlos de la terminal aérea entre contenedores de basura”, indicó la Fiscalía General.

En relación con estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos logró la captura y judicialización de diez personas sindicada de hacer parte de esta red de tráfico de migrantes.

En el transcurso de las audiencias preliminares se estableció que este grupo de capturados presuntamente cumplían diferentes roles en Bogotá, Pasto (Nariño) y Necoclí (Antioquia).

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La Fiscalía dejó a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) los bienes ocupados con fines de extinción de dominio para que asuma su custodia y respectiva administración.