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En las últimas horas la comunidad de San Antonio, perteneciente al Consejo Comunitario San José, en la parte alta del Río Micay, municipio de López de Micay, en la costa pacífica del Cauca, fue escenario de una violenta incursión de un grupo al margen de la ley.
De acuerdo con la denuncia pública emitida con carácter de urgencia por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano "Francisco Isaías Cifuentes" y la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Étnico y Social del Pacífico (MESPA), aproximadamente a las 5:30 de la tarde del viernes 3 de julio, un comando conformado por alrededor de 35 hombres fuertemente armados ingresó de manera arbitraria al territorio ancestral. Los subversivos se identificaron explícitamente como integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Cómo fue la incursión del ELN
Una vez tomado el control del casco urbano comunitario, los hombres armados procedieron a intimidar a la población civil convocando a una reunión obligatoria con todos los habitantes del Consejo Comunitario San José. Con el fin de aislar a la población y evitar que se diera aviso inmediato a la Fuerza Pública o a los medios de comunicación, los insurgentes decomisaron de forma sistemática todos los teléfonos celulares de los comuneros locales.
Posteriormente, el grupo ilegal desató una ola de hurtos masivos, saqueando los víveres, alimentos y enseres de todas las tiendas y pequeños negocios de la comunidad de San Antonio. Para facilitar su huida con el botín, los integrantes del ELN secuestraron de manera forzosa a 40 personas de la comunidad bajo la modalidad de trabajo forzado para el transporte de carga, obligándolos a llevar los suministros hurtados a través de la selva.
Tras horas de intensa angustia para las familias afectadas, se conoció que alrededor de las 3:00 de la madrugada de este sábado, los captores liberaron a 32 de los civiles retenidos. No obstante, la organización comunitaria denunció con profunda preocupación que 8 personas aún permanecen privadas de la libertad por el grupo armado y, hasta el momento, se desconoce por completo su paradero y su estado de salud, lo que mantiene en vilo al suroccidente del país.
¿Qué organizaciones emitieron la alerta y cuál es el llamado principal que realizan?
La alerta fue emitida de forma urgente por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano "Francisco Isaías Cifuentes" junto con la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Étnico y Social del Pacífico (MESPA). Su llamado principal está dirigido a la comunidad nacional e internacional para que se brinde atención inmediata y protección a estas poblaciones vulnerables que sufren el asedio de grupos ilegales en territorios étnicos.
¿Cuál es el modus operandi del grupo armado identificado en esta incursión particular?
El modus operandi consistió en el factor sorpresa mediante un despliegue masivo de fuerza (35 hombres armados), el aislamiento total de las víctimas mediante la incautación de teléfonos celulares para cortar cualquier canal de comunicación externo, el saqueo logístico de víveres para el abastecimiento del grupo subversivo, y el secuestro temporal e instrumental de comuneros (40 personas) utilizados como cargueros humanos para asegurar la huida hacia zonas de difícil acceso.
¿Cuál es el balance actual de víctimas del secuestro tras las primeras horas del suceso?
El balance inicial registra un total de 40 personas secuestradas durante el atardecer del viernes. Tras una intensa jornada, 32 civiles fueron liberados aproximadamente a las 3:00 a. m. del sábado. Sin embargo, persiste una situación crítica para la comunidad ya que 8 personas continúan desaparecidas en manos del presunto grupo del ELN, desconociéndose su paradero actual y su integridad física.
