La Corte Suprema de Justicia condenó a una fiscal que ordenó interceptar ilegalmente las comunicaciones de dos compañeros de la Fiscalía en Pereira. La funcionaria, que pertenecía a la Unidad Regional Antinarcóticos, fue encontrada responsable de los delitos de prevaricato por acción y violación ilícita de comunicaciones, luego de que la Sala de Casación Penal estableciera que dispuso las interceptaciones sin cumplir los requisitos legales y sin contar con motivos fundados.
La decisión está contenida en la sentencia SP598-2026, mediante la cual la Corte Suprema revocó parcialmente un fallo del Tribunal Superior de Pereira que había absuelto a la funcionaria de todos los cargos.
Las interceptaciones a dos fiscales
Los hechos se remontan a 2019, cuando la entonces fiscal ordenó intervenir dos líneas telefónicas con base en información atribuida a una fuente humana no formal.
Según esa información entregada por la Corte, supuestamente había funcionarios de la Fiscalía que estaban entregando datos reservados a integrantes de la organización criminal conocida como Cordillera.
Sin embargo, y de acuerdo a lo que establece la decisión, las líneas que terminaron interceptadas no pertenecían a integrantes de esa estructura delincuencial, sino a dos fiscales que adelantaban investigaciones contra organizaciones criminales de la región.
Y es aquí donde está uno de los puntos que tuvo en cuenta la Corte, la funcionaria conocía la identidad y la condición de los titulares de esas líneas desde el momento en que ordenó las interceptaciones.
Una relación personal que también fue examinada
En el análisis de las pruebas y de acuerdo con la Sala de Casación Penal, también se tuvo en cuenta una circunstancia particular, dado que uno de los fiscales interceptados adelantaba una investigación contra el grupo delincuencial conocido como Zombis II.
Precisamente y de acuerdo con la información conocida, a esa organización pertenecía una mujer con quien la funcionaria mantenía una amistad íntima. La propia fiscal reconoció esa relación cuando se declaró impedida, después de que la investigación fuera reasignada a su despacho.
En ese norte, la Corte confirmó que valoró esta circunstancia como un elemento de contexto, junto con las demás pruebas, para examinar las actuaciones de la procesada.
No verificó la información y actuó sin competencia
Para la Sala Penal, la fiscal no corroboró la información entregada por la supuesta fuente humana ni verificó la identidad de las personas titulares de las líneas telefónicas, pese a su experiencia y al conocimiento especializado que tenía como coordinadora de la Unidad Regional Antinarcóticos.
Sumado a eso, se explica desde la Corte, que la misma fiscal asumió una investigación por el delito de cohecho propio, a pesar de que no tenía competencia para hacerlo.
La valoración conjunta de estas circunstancias y de las inconsistencias encontradas en los documentos llevó a la Corte a concluir que la funcionaria ordenó las interceptaciones sin motivos fundados y se apartó de manera consciente y manifiesta de las exigencias legales.
También alteró los antecedentes para archivar la investigación
Pero las irregularidades no terminaron con las interceptaciones. Posteriormente, la fiscal ordenó archivar la actuación por inexistencia del hecho investigado. Para justificar esa decisión, incorporó afirmaciones que no correspondían con los antecedentes reales del proceso.
Por ejemplo, señaló que la investigación se adelantaba por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, cuando en realidad buscaba establecer la posible comisión de cohecho propio.
De igual forma, atribuyó las líneas interceptadas a un integrante de la organización Cordillera, pese a que pertenecían a los dos fiscales, y aseguró que no había sido posible identificar a las personas involucradas.
Para la Corte, estas afirmaciones alteraron conscientemente los antecedentes de la investigación y sirvieron de fundamento para tomar una decisión manifiestamente contraria a la ley. Por eso, también encontró configurado el delito de prevaricato por acción.
¿Qué delitos quedaron acreditados?
En consecuencia, la Sala Penal condenó a la funcionaria por prevaricato por acción y violación ilícita de comunicaciones, al establecer que ordenó y permitió interceptaciones sin una orden constitucionalmente válida. Sin embargo, la Corte mantuvo algunas de las absoluciones que había dispuesto el Tribunal Superior de Pereira.
En particular, la absolvió por la falsedad que se le atribuía en una constancia de entrevista, porque la Fiscalía no demostró que la fuente humana fuera inexistente ni que esa diligencia hubiera sido falsa.
En ese mismo sentido, también se confirmó la absolución por el prevaricato relacionado con las solicitudes de legalización de las interceptaciones, debido a que no existían pruebas suficientes para establecer cuáles fueron las manifestaciones concretas de la funcionaria durante esas audiencias.
Investigación por la permanencia de las interceptaciones
Finalmente, la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue por qué las dos líneas telefónicas permanecieron activas en el sistema de monitoreo después del 12 de abril de 2019, a pesar de que existía una orden judicial para cancelar las interceptaciones.
La Sala también negó a la condenada la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
Contra esta decisión procede el mecanismo de impugnación especial. Se trata de un fallo que deja en evidencia la responsabilidad penal que puede derivarse del uso irregular de las herramientas de investigación judicial, especialmente cuando se ordenan interceptaciones telefónicas sin cumplir las exigencias constitucionales y legales.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Por qué condenó la Corte Suprema a la fiscal?
Porque ordenó interceptar dos líneas telefónicas sin motivos fundados y sin verificar la información que sustentaba la medida. Las líneas pertenecían a dos fiscales que investigaban organizaciones criminales.
¿Qué delitos le fueron atribuidos?
Prevaricato por acción y violación ilícita de comunicaciones.
¿Qué relación tenía la fiscal con una persona vinculada a una de las investigaciones?
Mantenía una amistad íntima con una mujer perteneciente al grupo delincuencial Zombis II, organización investigada por uno de los fiscales interceptados. La funcionaria reconoció esa relación al declararse impedida.
¿Qué otra investigación ordenó la Corte?
Compulsó copias a la Fiscalía para establecer por qué las dos líneas continuaron activas en el sistema de monitoreo después del 12 de abril de 2019, pese a existir una orden de cancelación.