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La Corte Suprema envió a la Fiscalía General todo el expediente que se adelanta contra el excongresista Edwin Ballesteros por los hechos de corrupción que se habrían presentado durante la Gobernación de Santander en la administración de Richard Aguilar.
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La decisión se tomó después que Ballesteros renunciara a su curul tras ser llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación que se adelanta por las irregularidades en la entrega de contratos de infraestructura en Santander.
Ballesteros es investigado por presuntamente recibir comisiones cuando fungió como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant) entre 2014 y 2016. Aprovechando su cargo y cercanía con Aguilar habría sido pieza fundamental en la entrega de los contratos.
Según varias declaraciones, el exfuncionario habría tenido activa participación en todas las irregularidades que rodearon la celebración de contratos para construcción de acueductos y rellenos sanitarios en varios municipios de Santander.
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La exsecretaria de infraestructura de Santander, Claudia Yaneth Toledo, y su esposo Lennin Darío Pardo (considerados los dos principales testigos en este caso) vincularon a Ballesteros con el recibimiento de sobornos.
En la búsqueda de un principio de oportunidad con al Fiscalía General
Por estos mismos hechos de corrupción ya fue llamado a juicio el exgobernador de Santander, Richard Aguilar (2012-2015) quien también renunció a su curul en el Congreso después de ser capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia.
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La Fiscalía General aseguró que Aguilar creó y expandió una "empresa criminal" que amañó contratos por más de 500 mil millones de pesos. Al exgobernador se le vincula con siempre pedir el 10% del valor total de los contratos.
Solamente en el contrato para el reforzamiento estructural del estadio de fútbol y adecuación de piscinas y del Coliseo Vicente Díaz Romero, suscrito en febrero de 2014, y cuyo valor superó los 15.278 millones de pesos. Además, el contrato de interventoría y una adición reconocida por más de 6.700 millones de pesos, Aguilar habría recibido dádivas por 2.300 millones de pesos. De igual manera, hay indicios de que permitió a terceros apropiarse de 7.683 millones de pesos.
Aguilar deberá responder en juicio por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
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