La FM en Google News
La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra dos altos oficiales pertenecientes a la Armada Nacional, por 992 millones de pesos, al encontrar irregularidades en la compra de elementos de bioseguridad en medio de la emergencia sanitaria, ocasionada por la la pandemia del coronavirus.
El organismo de control halló un presunto sobrecosto del 100 % en la adquisición de un millón de tapabocas, pues mientras la Policía Nacional compró cada tapabocas a 750 pesos, la Armada pagó el doble por unidad, es decir, 1.500 pesos.
Le puede interesar: Fiscalía imputará cargos contra 10 alcaldes por corrupción en contratos para la Covid-19
A este proceso fueron vinculados el Comandante de la Base Naval ARC Bogotá, Capitán de Navío Jaime Gómez González; la oficial que realizó los respectivos estudios previos, Capitán de Fragata Magda Constanza Moreno Doncel; y la empresa contratista, Medivalle, a través de su representante legal, Anderson Gaminera Angulo.
“El elevado sobrecosto en este contrato se determinó al comparar los valores pagados por la Armada frente a un contrato de la Policía Nacional donde se compraron tapabocas convencionales similares”, explicó el contralor General Carlos Felipe Córdoba.
Otras medidas:
El alto funcionario también declaró de Impacto Nacional las presuntas irregularidades por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en la adquisición de 769.000 kits alimentarios, por un valor superior a los 95.000 millones de pesos, por lo que se abrió una indagación preliminar.
“Esta investigación por presuntos sobrecostos en 93 órdenes de pago celebradas por la Ungrd, fue asumida por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción”, aclaró el jefe de la Contraloría.
Información relacionada: Procuraduría abre investigación disciplinaria por millonario contrato para posicionar a Duque en redes
Además, se abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 942 millones de pesos contra el alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, por un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto el suministro de alimentos a población estudiantil.
También se adelantan procesos de responsabilidad fiscal contra la Gobernadora del Cauca y los alcaldes de Malambo, Girón, Sincelejo y Coveñas, por sobrecostos en contratos relacionados con la adquisición de kits de alimentos y de aseo.
