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El juzgado promiscuo de familia resolvió que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, y el subdirector, Laureano Santander Peñaranda, incurrieron en desacato a un fallo de tutela emitido el 23 de noviembre de 2022, por lo que se les impuso arresto por el término de tres días y una multa equivalente a un salario mínimo legal vigente.
Según el juzgado, la UNP no cumplió con la entrega del vehículo blindado para el señor Pedro Pablo Rosero, medida establecida el 21 de marzo de 2023.
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Sin embargo, la entidad, en su escrito de contestación, indicó que “realizó la asignación de los escoltas y la entrega de los elementos de protección (celular, radio, chalecos y botón de apoyo y curso de autoprotección), pero a la fecha, no ha realizado la entrega del vehículo blindado, argumentando el cierre de la vía a la ciudad de Pasto”.
Sin embargo, el despacho destacó en el documento jurídico que era de su “conocimiento que la vía Popayán - Pasto se encuentra habilitadas con rutas alternas y provisionales, en horarios de tránsito específicos, que permite el desplazamiento en el sentido norte o sur o sur norte, tal y como se puede observar en la página web del Instituto Nacional de Vías”.
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En el oficio se lee que “la persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar”.
Finalmente, en su decisión el juzgado solicitó compulsar copias de lo actuado ante la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía, con el fin de investigar la posible comisión del delito de fraude a resolución judicial por parte de los implicados.
