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Más de 30 asociaciones de reservistas, veteranos, pensionados y víctimas que hacen parte de la Fuerza Púrpura enviaron una contundente carta al Gobierno Nacional, rechazando el nombramiento de René Guarín Cortés como nuevo director general de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, a quien relacionan con presuntos hechos terroristas cuando fue militante del M-19.
En la carta abierta, que fue publicada en la mañana de este jueves, las asociaciones expresan "su profunda preocupación y rechazo frente al reciente nombramiento de René Guarín Cortés", efectuado por el presidente de la República mediante el Decreto 0010 del 14 de enero de 2026.
Para estas asociaciones, el nombramiento de Guarín "reviste una alta carga de inconveniencia por razones institucionales, jurídicas y éticas".
¿Por qué el rechazo?
Los veteranos y reservistas explican que "se trata de una persona que ha sido señalada de graves hechos ocurridos durante su militancia en el grupo insurgente M-19, incluyendo su captura en 1988 durante un intento fallido de secuestro cometido con armas ilegales, suplantación de autoridad y acciones de tipo terrorista".
Según las asociaciones, estas acusaciones han sido amplia y abiertamente reseñadas en diversos medios y "revisten una gravedad tal que por su naturaleza de lesa humanidad no deberían ser minimizados, mucho menos tratándose del desempeño de un cargo de alta sensibilidad y responsabilidad en la defensa de la nación y en la lucha contra organizaciones criminales y amenazas a la seguridad del país".
De acuerdo con las reseñas de noticias, durante más de tres décadas Guarín Cortés se ha presentado ante la opinión pública como vocero de víctimas del caso del Palacio de Justicia, haciendo referencia a la desaparición de su hermana Cristina Guarín.
Sin embargo, según estas asociaciones, "durante mucho tiempo, Guarín Cortés ocultó su militancia activa precisamente en el grupo armado ilegal responsable directo de dicha tragedia, actuar pérfido que constituyó un grave engaño al pueblo colombiano y una flagrante violación a derechos de todas las víctimas de todo tipo y vertiente, y que muestra peligrosas tendencias a distorsionar la memoria histórica y a violar con nula consideración los principios de transparencia y ética pública que deben regir el ejercicio de cualquier función estatal, más aún en un organismo de inteligencia estratégica", dice la carta.
Cuestionamientos al DNI
Adicionalmente, en la carta, los veteranos y reservistas se mostraron preocupados por lo que ellos consideran el "deterioro" de la Dirección Nacional de Inteligencia bajo el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Lo anterior, debido a la constante rotación frecuente de directores, "sumado a la inobservancia de criterios técnicos y experiencia específica en sus nombramientos, la opacidad en la rendición de cuentas y la aparente utilización política de la inteligencia".
Cabe recordar que la Dirección Nacional de Inteligencia fue creada para reemplazar al extinto DAS, "con el fin de blindar al Estado de cualquier manipulación política indebida", y su misión constitucional, según la Ley 1621 de 2013, es "garantizar la seguridad nacional, la soberanía y el orden democrático, bajo estrictos principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad".
"Permitir que una persona con antecedentes cuestionables, sin experiencia técnica comprobable en inteligencia estratégica ni trayectoria institucional sólida, acceda a la dirección de este organismo representa no solo una amenaza al sistema de seguridad del país, sino una afrenta a la memoria y dignidad de las víctimas del conflicto armado, así como una grave contradicción con los principios de mérito, probidad y responsabilidad que exige la Constitución en el acceso a la función pública", dice la carta.
Petición al Gobierno Nacional
Por lo anterior, estas asociaciones piden al Gobierno del presidente Gustavo Petro revisar el nombramiento de René Guarín Cortés como director del DNI.
Además, exhortaron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a evaluar la demanda interpuesta contra este nombramiento, atendiendo a la protección del interés público, de la concordia nacional, de la integridad de las instituciones y de la justicia transicional.
"La Fuerza Púrpura reitera su llamado a que los cargos estratégicos del Estado sean ejercidos por personas con integridad ética, experiencia verificable y compromiso con los derechos humanos, la legalidad y la defensa del orden constitucional. Colombia necesita una inteligencia estatal que sirva al país en los términos establecidos en la ley, no a agendas ideológicas, a intereses personales opacos, a cuotas politiqueras, o a ánimos revanchistas o de vendetta", finaliza el documento.
