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El puente de la Calle 116 con avenida Boyacá se ha vuelto icónico en Bogotá. Y no por su estructura sino porque allí murió ‘Tripido’, como era conocido Diego Felipe Becerra Lizarazo, a manos del agente de la Policía Wilmer Antonio Alarcón, en medio de un procedimiento.
Era viernes en la noche y Diego Felipe se encontraba junto a sus amigos pintando un grafiti en las inmediaciones del puente, hasta allí llegaron unos agentes de la policía que se disponían a requisar a los jóvenes. El patrullero Wilmer Antonio Alarcón le disparó -sin justa causa- al menor de 16 años tras una requisa la noche del 19 de agosto de 2011 en la Avenida Boyacá con calle 116, en el norte de Bogotá.
Diego Felipe fue trasladado a la Clínica Shaio, en la que horas después perdió la vida. El patrullero, por su parte, sigue prófugo de la justicia.
Desde ese día, los padres de Diego Felipe Becerra han iniciado una carrera judicial para que la muerte de su hijo no quede impune. En 2012, un año después de la muerte del joven artista, fueron imputados 13 cargos al patrullero Wilmer Alarcón por homicidio agravado, debido al conocimiento previo de que la víctima se encontraba desarmada.
Cuatro años después, el 16 de agosto de 2016, Alarcón fue dejado en libertad por un presunto vencimiento de términos. Dos días después fue sentenciado por un juez de conocimiento a 36 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en el delito de homicidio agravado. En el fallo judicial se indicó que el patrullero Alarcón le disparó -sin justa causa- al menor de 16 años.
Sin embargo, el autor intelectual del hecho lleva dos años prófugo de la justicia. Gustavo Trejos, padre de Diego Felipe indicó que existen muchos intereses para que Alarcón no estuviera privado de la libertad porque “si él llega a colaborar con la justicia o llega a hablar, vincula a dos generales de la República en la alteración de la escena del crimen para ocultar el asesinato de Diego Felipe”.
El patrullero, que fue destituido, enfrenta un proceso por la presunta ubicación de un arma de fuego en el lugar de los hechos para desviar la investigación y presentar a Becerra como un delincuente.
A pesar de que la Interpol emitió una circular roja para dar con el paradero del agente Alarcón, según Trejos, dicha medida no ha tenido ningún efecto. “La Policía, para dar respuesta a la solicitud que nosotros enviamos, nos dijeron que existía una circular de Interpol, la cual aparentemente no fue activada porque uno entra a la página de la Interpol y no aparece la circular roja por ningún lado”, aseguró el padre del joven.
En los últimos meses, se han presentado nuevas decisiones frente al caso. A principios de este año, la Procuraduría General de la Nación mediante un fallo judicial, indicó que fueron destituidos e inhabilitados por doce años, dos miembros de la Policía Nacional, implicados en el caso.
Se trata del coronel Nelson de Jesús Arévalo, excomandante de la Policía de Suba y el teniente Rosemberg Madrid Orozco, excomandante del CAI Andes, que, de acuerdo con las investigaciones, implantaron un arma en la escena del crimen con el objetivo de hacer pasar a Diego Felipe Becerra como un delincuente. Por ahora, la familia de Diego Felipe sigue en búsqueda de justicia para el caso de su hijo, siete años después del trágico hecho.
