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El expediente contra el exsenador Álvaro Uribe por tres masacres y un homicidio en Antioquia tiene seis cuadernos de actuaciones hechas por la Corte Suprema de Justicia desde el 2014, 30 cuadernos de pruebas recogidas por la Fiscalía desde el 2000 y 108 CD’s de diligencias de versión libre por parte de exparamilitares postulados dentro de la ley de Justicia y Paz.
En ese extenso expediente reposan más de cuatro peticiones de investigación contra el entonces Gobernador de Antioquia por presuntos vínculos con paramilitares en los años 90.
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Entre los denunciantes está el entonces capitán Gilberto Cárdenas González quien pidió investigar aparentes nexos de grupos de autodefensas con miembros del Gobierno de la época; un hombre llamado Hans Alberto Posada Pérez y el ciudadano Jorge Antonio Pérez Eslava.
También reposa un escrito de Luis Fernando Caro Solano, un exparamilitar clave en el proceso que condenó a la empresaria del chance Enlise López, alias ‘La Gata’.
Otro de los documentos, es el expediente en la Comisión de Acusaciones en relación con Uribe y sus presuntos vínculos con paramilitares mientras era Gobernador de Antioquia, y el fallo del Tribunal Superior de Justicia y Paz de Medellín que compulsó copias contra el expresidente por los mismos hechos en el 2015.
También están en el dossier, las declaraciones de Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’ excomandante del bloque Cacique Pipintá de las AUC, quien afirmó que a mediados de los años 90, “se conformó un grupo paramilitar en el municipio de San Roque que utilizada como base de operaciones la hacienda Guacharacas”, de la familia Uribe Vélez.
Ese exparamilitar señala en sus declaraciones a Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe, Santiago Gallón Henao y los hermanos Álvaro y Santiago Uribe.
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En el 2016, la Corte Suprema de Justicia escuchó la declaración de Diego Fernando Murillo Bejarano, Pablo Hernán Sierra García y Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’.
En el 2017 la Corte escuchó a Caro Solano y Posada Pérez y en el 2018 declara los hechos como de lesa humanidad con el fin de que no prescriban nunca.
Los delitos por los cuales Uribe es investigado son: concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro, desplazamiento forzado.
No se descarta que esa investigación vuelva a manos de la Fiscalía General de la Nación dado a que Uribe perdió fuero congresional después de renunciar a su curul en el Congreso, tras una orden de detención domiciliaria en medio del proceso por presunta manipulación de testigos.
Su defensa ha dicho que la Corte Suprema de Justicia perdió competencia para seguir adelantando las investigaciones contra su cliente.
