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Más de 3.000 personas y 1.300 familias tuvieron que abandonar sus casas de forma forzosa en Colombia en lo que va del año, lo que supone que hubo un desplazamiento forzado cada media hora, según reportó la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
De acuerdo con el sistema de monitoreo de esa entidad, hasta el 7 de marzo 3.119 personas fueron forzadas a desplazarse, entre las que hay 1.311 familias que han huido de sus tierras "para salvaguardar sus vidas e integridad física".
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"El desplazamiento forzado es el hecho victimizante que más ha aumentado desde la firma del acuerdo de paz", según reportó la JEP en un comunicado, en el que además añadió que las cifras se han triplicado comparadas con el mismo periodo de 2020.
La población más afectada se encuentra como en muchos otros hechos violentos, en resguardos indígenas y en consejos comunitarios. Los departamentos más afectados este año son Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Nariño.
El 'clan del Golfo' (la principal banda criminal de Colombia con lazos con el narcotráfico) y la guerrilla del ELN, son los principales instigadores del desplazamiento, aunque también provocaron confinamientos forzosos a 21.494 personas, según los investigadores.
Los choques entre estos dos grupos por controlar los llamados "corredores estratégicos", tramos de carreteras, pasos fronterizos o redes fluviales que son clave para el negocio ilegal, son una de las principales razones del desplazamiento.
Las cifras proporcionadas por esta unidad de la JEP son considerablemente más bajas que las publicadas por la Defensoría del Pueblo el pasado 8 de marzo, cuando se informó que 11.150 personas se desplazaron de forma forzosa por enfrentamientos de grupos armados especialmente en el Pacífico, es decir, siete personas por hora.
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De otro lado, la exsenadora Piedad Córdoba rindió declaración en calidad de testigo ante los ,magistrados de ese tribunal especial, dentro de la investigación que se sigue por el magnicidio del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá.
La audiencia fue coordinada por la magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Julieta Lemaitre, quien ordenó adelantar bajo reserva la respectiva diligencia argumentando razones de seguridad del proceso.
