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Un informe de la Rama Judicial advierte que de 100 decisiones que emiten los jueces y magistrados de las altas cortes para proteger el derecho a la salud, 94 no se cumplen.
El informe alerta por el incremento de peticiones por desacato, es decir, el recurso que interpone la ciudadanía cuando no se cumple el fallo de tutela a su favor.
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“En 2019, el 66% de los casos en los que el juez concedió el derecho, se inició un incidente de desacato, frente al 45% en 2018 y el 55% en 2016”, se indica en el informe.
Esas cifras muestran que el 2019 fue el año en que más se han incumplido los fallos de tutela, en comparación con años anteriores.
El presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, mostró esta preocupación que existe, por parte de los jueces y magistrados, sobre los incumplimientos.
El magistrado dijo a RCN Radio que la tendencia demuestra un “evidente problema en el funcionamiento del Estado”.
Lizarazo advirtió también que el incumplimiento de los fallos de tutela “no es un asunto atribuible a los jueces, sino a las autoridades contra las cuales se dirigen las ordenes, eso quiere decir que se está incumpliendo la finalidad de la tutela”.
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El juez Freddy Machado, presidente de Asonal Judicial, señaló que parte de la responsabilidad del incumplimiento la tiene el propio Gobierno, que “descalifica las tutelas a pesar de que sea orden de un juez. Muchos ciudadanos repiten esta postura”.
Machado advirtió que la tutela “es el instrumento más valioso que nos ha dado la Constitución y tiene que cumplirse”.
El presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Colombia, Francisco Bernate, explicó que en los casos de incumplimiento a los fallos de tutela, las sanciones van desde multas económicas hasta arrestos.
“Cuando se desacata un fallo, la persona que se ve afectada puede interponer un incidente de desacato. El juez verifica si se cumplió o no la orden y cuando no se cumplen puede fijar un arresto hasta de 30 días, más las sanciones económicas”, dijo.
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“La mayor confirmación de las sanciones impuestas por el incumplimiento de las órdenes del juez de tutela se dio con relación a los derechos a la salud (62%), a la vida (59%) y al mínimo vital (55%)”, sostiene el informe de la Rama Judicial.
El presidente de la Corte aseguró que la Procuraduría creó en meses pasados una instancia de seguimiento para fortalecer el cumplimiento de los fallos e hizo un llamado a la actual administración para que continúe con esa política de vigilancia.
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