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Hace tres años y medio los abogados Camilo Araque y Juan David Mesa, presentaron una demanda al Consejo de Estado pidiendo suspender la resolución 02686 de 31 de Julio de 2012, que reglamentó el uso de las armas de letalidad reducida para el servicio de la Policía Nacional, como las pistolas 'taser' que proporcionan descargas eléctricas.
Sin embargo, el Consejo de Estado aún no se ha pronunciado de fondo sobre ese tema, incluso tampoco ha citado audiencias públicas para abrir el debate.
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Esa demanda se aceptó para estudio en el 2017, un año después de radicada y le correspondió por reparto al magistrado Oswaldo Giraldo de la sección primera.
El abogado Juan David Mesa, quien es uno de los demandantes, dijo que esas armas de letalidad reducida abren la puerta a la tortura institucional, prohibida por organismos internacionales de Derechos Humanos.
“Institucionalizar la tortura como un medio valido para obtener fines de Policía (…) son armas que generan un uso desproporcionado que es directamente una tortura y violación a los Derechos Humanos”, dijo
La demanda dice que el uso de esas armas viola la dignidad de las personas y atenta contra la vida que es un derecho fundamental, como "consecuencia del uso indiscriminado de armas “no letales” o dispositivos de control eléctricos por parte de miembros de la Policía".
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Uno de los apartes de la demanda destaca que “el uso de las armas dentro de un Estado Social de Derecho, debe obedecer a un ejercicio reglado y excepcional, que atienda a la satisfacción de un fin constitucional, siempre y cuando en el ejercicio de tal labor, medien factores razones y proporcionales que justifiquen el empleo de la fuerza”.
Entre las armas de letalidad reducida y auxiliares que se encuentran reconocidas en la resolución está la 'tonfa', las pistolas de disparo eléctrico o dispositivos de control eléctrico; los bastones eléctricos y los dispositivos de shock eléctrico, entre otras.
