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Una alerta temprana que envió la Defensoría del Pueblo al ministro del Interior, Guillermo Rivera, advierte sobre la presunta existencia de las mal llamadas "casas de pique" en varias zonas urbanas y rurales del puerto de Tumaco, en el departamento de Nariño.
En el informe, la Defensoría aseguró que de acuerdo con cifras de la Policía Nacional, entre enero y abril de este año se han presentado 91 homicidios en jurisdicción del puerto, evidenciando un aumento del 47% en las cifras de muertes violentas, con respecto al mismo periodo del año pasado. Para el caso de la zona rural la situación es mucho más compleja, ya que se pasó de 20 casos a 45 este año, reflejando un aumento del 125%.
La Defensoría del Pueblo denunció la presunta existencia de las "casas de pique" en varios barrios de Tumaco, tras reiterar que la Procuraduría identificó unas zonas en las que "es posible que haya casas de pique. Allí torturan y descuartizan personas. Someten niños a trabajos macabros de recuperación y trasteo de cadáveres. Es un fenómeno macabro para disciplinar a la gente".
La alerta de la Defensoría señala que en la zona urbana hay un riesgo para unos 40 mil habitantes de más de 30 barrios de las comunas 3 y 5 del puerto, mientras que en el sector rural la alerta es para 6 mil 800 habitantes de las comunidades instaladas en Muguí, Montañitas, Brisas del Mataje, La vega, Vayanviendo, Puerto Rico, El Dorado, la Parroquia, Puerto Colombia, Progreso 115, El Tandil y La Comuna, al igual que varios resguardos indígenas.
Según indica en su reporte la Defensoría del Pueblo, hay una situación especial de riesgo para los líderes y representantes de las organizaciones afrodescendientes, indígenas y campesinas pertenecientes al Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, al igual que los integrantes de la Asociación de Juantas de Acción Comunal de los ríos Nulpe y Mataje (Asominuma) y de la comunidad indígena del Pueblo Awá (Unipa).
La presencia de las disidencias de las Farc como es el caso del frente "Oliver Sinisterra" al mando de alias Guacho y que delinque en esa zona de frontera entre Colombia y Ecuador, es uno de los principales riesgos para esa comunidad, indicó el organismo.
El documento de la Defensoría de 22 páginas indica que tras el caso del secuestro y muerte de los tres integrantes del diario El Comercio de Ecuador, se ha venido recrudeciendo el accionar violento de estas organizaciones ilegales, aunque también destaca los operativos de la Fuerza Pública contra estos grupos.
Ante esta situación, la entidad hizo unas recomendaciones a los Ministerios de Defensa e Interior, para implementar acciones inmediatas que permitan garantizar la seguridad de la población civil y de los líderes sociales e indígenas que están en riesgo en esa región.
Las informaciones de la Defensoría aseguran que incluso esas bandas que delinquen en el puerto de Tumaco, habrían creado unos códigos de conducta en donde imponen comportamientos a las comunidades además de multas para quienes tengan inconvenientes familiares y comunitarios.
