¿Cuáles son las entidades que más tutelas reciben en Colombia? La lista sorprende

Las cifras de la Corte Constitucional muestran que cada vez más colombianos están recurriendo a la justicia.
Corte Constitucional
Corte Constitucional: Aprobada la reforma pensional Crédito: Corte Constitucional

¿Cuántas veces ha tenido que poner una tutela para que le respondan un derecho de petición, le entreguen un medicamento o le autoricen un tratamiento?

Las cifras de la Corte Constitucional muestran que cada vez más colombianos están recurriendo a la justicia para reclamar sus derechos, y hay entidades que aparecen con mayor frecuencia en esas demandas.

La Nueva EPS, las secretarías de Movilidad y Tránsito, los juzgados y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, figuran entre las entidades más demandadas en las estadísticas de tutelas de 2026.

Crecen las tutelas en Colombia

En el informe, dado a conocer por la misma Corte, hay un dato que llama especialmente la atención; en los primeros ocho meses de este año, el alto tribunal recibió 781.484 expedientes de tutela, frente a 619.649 durante el mismo periodo de 2025. Eso representa un incremento del 26,1 por ciento.

En promedio, son más de 3.200 expedientes diarios. Una cifra que dimensiona el volumen de ciudadanos que están acudiendo a este mecanismo para pedir la protección de sus derechos fundamentales.

Nueva EPS encabeza el listado de entidades demandadas

Es aquí en este punto que viene otra pregunta, ¿contra quiénes están presentando esas tutelas los colombianos? La Nueva EPS encabeza el listado.

Según las cifras divulgadas por la Corte Constitucional, esta entidad aparece mencionada en el 11,2 por ciento de los expedientes registrados en el periodo analizado.

En segundo lugar están las secretarías de Movilidad y Tránsito, que representan el 10,6 por ciento. Después aparecen los juzgados, con el 5,3 por ciento; el FOMAG, con el 1,9 por ciento, y las secretarías de Hacienda, con el 1,2 por ciento.

El listado muestra que las reclamaciones judiciales no se concentran en un solo sector. Hay ciudadanos que buscan respuestas relacionadas con la atención en salud, mientras otros acuden a los jueces por asuntos que involucran trámites administrativos y decisiones de las autoridades.

En ese sentido, es importante hacer una precisión, aparecer entre las entidades más demandadas no significa, por sí solo, que todas las tutelas hayan sido falladas en contra de esa institución. Para conocer el resultado hay que revisar las decisiones de cada expediente.

Salud, uno de los principales motivos de reclamación

Ahora bien, la salud sigue siendo uno de los grandes motivos por los que los colombianos recurren a la tutela. Las cifras divulgadas por las autoridades muestran que durante 2025 se presentaron más de 312.500 acciones de tutela relacionadas con este derecho, frente a unas 265.000 en 2024. Esto representa un aumento cercano al 18 por ciento en apenas un año.

De acuerdo con el informe de la Corte, miles de pacientes acudieron a la justicia para reclamar atención médica, medicamentos, tratamientos u otros servicios relacionados con su salud.

Sumado a eso, se conoció que detrás de cada expediente puede haber una persona que necesita una respuesta para continuar con su tratamiento, un paciente que espera una autorización o una familia que busca que se garantice la atención de uno de sus integrantes.

Las cifras también ponen sobre la mesa una discusión de fondo, sobre lo que está pasando para que los ciudadanos sienten que deben acudir a un juez a conseguir una respuesta o acceder a un servicio que reclaman como un derecho fundamental?

La tutela es una herramienta constitucional que permite solicitar protección judicial cuando se considera que un derecho fundamental está siendo vulnerado o amenazado. Por eso, su importancia no está solamente en el número de casos, sino también en lo que representan para las personas que acuden a ella.

La tutela como herramienta para proteger derechos

Según el informe de la Corte, hay otro elemento que vale la pena destacar y es que el crecimiento de las tutelas no se limita a 2026. En marzo de este año, el Consejo Superior de la Judicatura informó que los despachos judiciales del país recibieron 1.202.436 acciones de tutela durante 2025, frente a 459.680 en 2020. De acuerdo con esa entidad, el aumento fue del 162 por ciento en cinco años.

Esta cifra corresponde al registro de los despachos judiciales y no debe confundirse con los expedientes recibidos por la Corte Constitucional, pues son estadísticas con alcances diferentes. Sin embargo, ambas mediciones muestran la magnitud que ha adquirido este mecanismo en Colombia.

La pregunta, entonces, no es solamente cuántas tutelas se presentan o qué entidades aparecen más veces en las demandas. También es qué respuestas están recibiendo los ciudadanos y qué medidas pueden evitar que tengan que acudir a la justicia para resolver dificultades que deberían atenderse por las vías ordinarias.

En conclusión, y de acuerdo con las estadísticas que se conocieron hasta ahora, quedan tres datos clave; que aumentan las tutelas, que la Nueva EPS encabeza el listado de entidades más demandadas en el registro divulgado para 2026 y la salud continúa siendo uno de los derechos que más lleva a los colombianos ante los jueces.

Una radiografía del país en la que las cifras judiciales terminan contando historias cotidianas: la de quien espera una respuesta, la de quien necesita atención médica y la de quien encuentra en la tutela una vía para reclamar sus derechos.

Cuatro preguntas con las claves de la noticia

¿Cuántos expedientes de tutela recibió la Corte Constitucional en los primeros ocho meses de 2026?

781.484 expedientes, un 26,1 % más que en el mismo periodo de 2025.

¿Cuál es la entidad que más aparece en las tutelas de 2026?

La Nueva EPS, mencionada en el 11,2 % de los expedientes del periodo analizado.

¿Qué otras entidades aparecen entre las más demandadas?

Las secretarías de Movilidad y Tránsito, los juzgados, el FOMAG y las secretarías de Hacienda.

¿Qué papel cumple la tutela?

Es un mecanismo constitucional que permite solicitar protección judicial cuando una persona considera que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados o amenazados.


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