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Ante la compleja situación de orden público que se registra en algunas zonas del sur del país, principalmente en las cuencas de los ríos Caquetá y Caguán, la Defensoría del Pueblo urge al Gobierno a tomar medidas urgentes para salvaguardar a decenas de familias.
Según la denuncia, las disidencias de alias “Iván Mordisco” están haciendo circular un audio en el que amenazan con un nuevo bloqueo armado, situación que se suma a los combates contra el autodenominado EMBF, bajo el mando de alias “Calarcá Córdoba”.
“Esta disputa armada ha aumentado los riesgos para las comunidades ribereñas, indígenas y campesinas que dependen de los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza para movilizarse, abastecerse y desarrollar actividades de su vida cotidiana”, advierte la Defensoría.
Justamente por el riesgo para las poblaciones, en Putumayo se suspendió el servicio público fluvial y el transporte escolar fluvial para niñas, niños y adolescentes que viven en las riberas del río Caquetá y algunas rutas del río Putumayo. Igualmente, en Puerto Guzmán podrían verse afectadas más de 6.300 personas, comunidades indígenas Nasa e Inga y consejos comunitarios, mientras que en Puerto Leguízamo corren riesgo más de 5.800 personas y ocho comunidades indígenas Murui Muina y Coreguaje.
“Preocupa el posible impacto sobre la jornada electoral del 31 de mayo ante las dificultades para transportar material electoral por vía fluvial e instalar 12 mesas de votación en Puerto Leguízamo y 14 mesas en Puerto Guzmán”, reseña la misiva.
También se explica que, en el Amazonas, permanecen en confinamiento 488 núcleos familiares, conformados por 1.706 personas, que hacen parte de 14 comunidades de la jurisdicción del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA), en el medio río Caquetá. “Estas comunidades han reportado graves restricciones a la movilidad, aumento en los costos de los alimentos, falta de combustible para los botes comunitarios y dificultades para acceder a bienes y servicios esenciales”, resalta el comunicado.
“Las comunidades ribereñas del río Orteguaza también se encuentran afectadas por la declaratoria de bloqueo armado y las comunidades de las inspecciones de Coemaní y Araracuara, y de los resguardos indígenas de Andoke de Aduche, Monochoa, Puerto Sábalo y Los Monos, en Solano, se encuentran en una situación de riesgo extremo”, dice la Defensoría.
Según la Alerta Temprana 001 de 2025, ya se había advertido el riesgo para todas estas poblaciones ante el avance de las disidencias y las disputas por el control territorial, razón por la que se urge que las autoridades a tomen medidas antes de que pueda ocurrir una tragedia.
“La magnitud de las afectaciones exige una respuesta articulada del Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías, para proteger a la población civil, garantizar la movilidad por los corredores fluviales y asegurar que la ayuda humanitaria llegue a las comunidades que enfrentan confinamiento, desabastecimiento y restricciones para acceder a servicios básicos”, puntualizó la entidad.
Claves del tema: cuatro preguntas
¿Qué originó la alerta humanitaria en la cuenca del río Caquetá?
La circulación de amenazas sobre un nuevo bloqueo armado y los enfrentamientos entre grupos ilegales aumentaron el riesgo para miles de habitantes de la región.
¿Cuántas personas podrían verse afectadas por la crisis?
La Defensoría advierte que más de 12.000 personas, entre comunidades indígenas, campesinas y ribereñas, enfrentan restricciones de movilidad y abastecimiento.
¿Cómo impacta esta situación a las elecciones del 31 de mayo?
Las dificultades para movilizar material electoral por vía fluvial podrían afectar la instalación de mesas de votación en Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán.
¿Qué medidas solicita la Defensoría al Gobierno?
La entidad pide una respuesta urgente y coordinada para garantizar la seguridad, la movilidad fluvial y la entrega de ayuda humanitaria a las comunidades confinadas.
