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La defensora del Pueblo, Iris Marín, le pidió al Gobierno Nacional declarar la emergencia carcelaria ante el ‘plan pistola’ contra dragoneantes del Inpec.
“Hemos pedido acudir al estado de emergencia carcelaria para atender esta situación. Eso podría tener, por ejemplo, implicaciones presupuestales para realizar traslados más ágiles y poder tomar decisiones de manera más rápida, sin tener que pasar por los procedimientos ordinarios, especialmente los presupuestales y las medidas de traslado”, señaló.
La funcionaria describió la situación como “muy grave” y advirtió sobre la necesidad de adoptar medidas adicionales, como la judicialización de los actos internos en los diferentes centros penitenciarios.
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“Hemos pedido al Ministerio de Justicia que pueda acudir a varias medidas, no solo al traslado de personas privadas de la libertad, sino también a la judicialización de actos internos en las cárceles a través del sector justicia y otras acciones. Pero esto se enmarca en una crisis más estructural, en la que no existen procesos de resocialización lo suficientemente fuertes en las cárceles. Además, hay hacinamiento, y todo esto confluye de manera negativa”, afirmó.
La defensora también aseguró que la entidad que dirige ha tenido que suspender las visitas habituales que adelantan en los centros penitenciarios en medio de este ‘plan pistola’.
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“Varias instituciones hemos tenido que suspender nuestras jornadas de atención en cárceles debido a esta situación”, advirtió.
Marín se reunió este jueves con la ministra Martha Carvajalino, delegataria con funciones presidenciales; el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para hablar de este y otros temas, como el mecanismo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
